Santa Cruz de Tenerife, 9 oct (EFE).
– El Gobierno de Canarias trabaja con la Federación de Municipios (Fecam) para aprobar un Plan General de Seguridad y Salvamento en playas con un horizonte de cuatro años, criterios homogéneos y mayor flexibilidad para adaptar los medios a las necesidades de cada litoral, según ha anunciado este jueves el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda.
En respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de Coalición Canaria Jonathan de Felipe Lorenzo sobre la negociación del nuevo marco normativo, Miranda ha explicado que el plan está «prácticamente terminado» y que el principal paso pendiente es dotarlo de cobertura legal y cerrar los últimos detalles con la Fecam.
El consejero ha señalado que el Ejecutivo pretende introducir una disposición adicional en la Ley 9/2007 del Sistema Canario de Seguridad que permita dar respaldo legislativo a la planificación de la seguridad y el salvamento en las playas, después de que el Tribunal Supremo anulara en 2023 el decreto autonómico aprobado en 2018.
Según ha explicado, aquella sentencia puso de manifiesto la necesidad de que la regulación tuviera rango de ley y contemplara la financiación de las medidas previstas, lo que dejó a los ayuntamientos en una situación de vacío normativo.
Miranda ha reconocido que las negociaciones con la Fecam han sido «duras» debido a las distintas formas de entender la seguridad en las playas por parte de los municipios.
Frente al modelo anterior, que establecía obligaciones en función de la tipología de playa, el nuevo plan busca una regulación más flexible que permita a los ayuntamientos plantear las necesidades de sus respectivos litorales, ha detallado.
El documento establecerá criterios mínimos sobre medios, recursos humanos, materiales y seguridad, además de una valoración económica de las medidas y un catálogo de playas y zonas de baño que permita definir con mayor precisión las necesidades de cada espacio.
El consejero ha defendido que el objetivo es alcanzar un modelo que respete las competencias municipales, pero que unifique criterios en todo el archipiélago, con la participación de los ayuntamientos, los cabildos y el sector turístico.
Mientras se completa la nueva regulación, el Gobierno ha concedido subvenciones a los municipios de menos de 20.
000 habitantes para compensar los gastos que asumieron al amparo del decreto de 2018.
Miranda ha detallado que estas ayudas ascendieron a 1.
026.
000 euros en 2024, 1.
400.
000 en 2025 y 1.
223.
000 en 2026, con un total de 46 ayuntamientos beneficiarios.
Ha lamentado asimismo el aumento de las cifras de ahogamientos en Canarias en lo que va de año y ha defendido la necesidad de mantener el trabajo conjunto entre ayuntamientos, cabildos, Gobierno autonómico y asociaciones para reducir estos sucesos en las costas del archipiélago.
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