Santa Cruz de Tenerife, 09 oct (EFE).
– El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha defendido este viernes los acuerdos extrajudiciales alcanzados con los propietarios de parcelas afectadas por la moratoria turística frente a las críticas del PSOE, que ha cuestionado que el Ejecutivo destine 485 millones de euros a indemnizaciones y renuncie a procedimientos de reclasificación de terrenos para construir vivienda.
Durante una pregunta parlamentaria sobre las posibles consecuencias de estos acuerdos para los objetivos del reto demográfico, la diputada socialista Nayra Alemán ha advertido de que Canarias no solo destina dinero público a las indemnizaciones, sino que también pierde una oportunidad de aumentar su capacidad de decisión sobre unos suelos que considera estratégicos para desarrollar políticas públicas.
La diputada ha relacionado esta decisión con el documento del Gobierno de Canarias 51 medidas para la canariedad del futuro, que identifica la falta de suelo y las dificultades para gestionarlo como algunos de los obstáculos para aumentar la oferta de vivienda.
«Esos 485 millones no van a poder destinarse a viviendas, a servicios públicos, a infraestructuras o a cualquier otra necesidad de los canarios y las canarias», ha afirmado Alemán.
La parlamentaria ha recordado que en 2022 el Gobierno inició procedimientos para reclasificar los terrenos y ha sostenido que estos permitían a la administración recuperar capacidad de decisión sobre su futuro.
Sin embargo, ha señalado que, con los acuerdos alcanzados, el Ejecutivo desiste de esos procedimientos y los propietarios mantienen sus terrenos y la posibilidad de conservar los aprovechamientos correspondientes.
«No solamente vamos a pagar la indemnización, sino que renunciamos a una oportunidad de realizar políticas públicas en esos suelos», ha señalado.
Alemán ha insistido en que el reto demográfico no consiste únicamente en conseguir que más personas vivan en Canarias, sino también en garantizar que quienes quieran residir en las islas puedan hacerlo, que los jóvenes se emancipen y que las familias accedan a una vivienda.
Miranda sostiene que las competencias corresponden a los ayuntamientosEn su respuesta, Miranda ha defendido que el Gobierno ha resuelto un problema que podía generar consecuencias económicas mayores en el futuro y ha rechazado que los acuerdos sean incoherentes con los objetivos del reto demográfico.
El consejero ha recordado que el artículo 17.
1 de la Ley 6/2009 contemplaba indemnizaciones por los derechos edificatorios de las empresas durante un periodo de cinco años, tras el cual los terrenos volverían a su estado inicial.
Miranda ha añadido que las competencias en materia de ordenación y reclasificación de los suelos ya no corresponden al Gobierno de Canarias, sino a los ayuntamientos, por lo que, según ha explicado, el Ejecutivo no podía determinar por sí mismo si esos terrenos debían clasificarse o no.
«El Gobierno lo que ha hecho es, ante una situación que podría generar un problema muchísimo mayor de cara al futuro, tomar medidas, afrontar el problema, coger el toro por los cuernos y dar una solución», ha afirmado.
El consejero ha defendido que los acuerdos cuentan con los avales judiciales pertinentes y ha señalado que el Gobierno consideró que era la forma adecuada de resolver el conflicto.
También ha asegurado que el Ejecutivo seguirá trabajando para localizar terrenos y buscar posibilidades para construir viviendas.
El PSOE cuestiona que prevalezca el interés generalEn su réplica, Alemán ha puntualizado que el aval judicial al acuerdo no implica que su contenido deje de ser una decisión adoptada entre las partes.
La diputada ha insistido en que el interés general debe prevalecer sobre el particular y ha cuestionado que ambos coincidan en las condiciones pactadas.
A este respecto Miranda ha respondido que el interés general puede interpretarse desde distintas perspectivas y ha defendido que el acuerdo también protege a las generaciones futuras frente a una posible deuda mayor.
El consejero ha advertido de que, sin un acuerdo sobre las indemnizaciones, un litigio que se prolongara durante diez años podría haber derivado en una obligación económica superior a la actual.
Ha concluido que el Ejecutivo está «muy tranquilo» con su actuación y ha asegurado que el acuerdo pone fin a las reclamaciones relacionadas con este asunto.
EFEbrr/acp