Las Palmas de Gran Canaria, 9 oct (EFE).
– El juez deja al borde del banquillo de los acusados a la consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda, y a otros seis cargos insulares y empresarios por las Jornadas del Paisaje de entre 2016 y 2019 al ver indicios de la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación y fraude.
En un auto al que ha tenido acceso EFE y adelantado por ‘Atlántico Hoy’, la plaza 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido dar por finalizada la instrucción de esta causa y trasladarla a la Fiscalía y al resto de acusaciones para que soliciten o no la apertura de juicio oral.
Según el juez Alberto Puebla, de las diligencias practicadas se desprende de forma indiciaria que los siete investigados «se concertaron para la organización de las denominadas Jornadas del Paisaje de Gran Canaria de manera que el procedimiento administrativo es el cauce formal o instrumento por medio del cual aparentan cumplir la normativa cuando, en realidad, se sirven del procedimiento para conseguir lo que se propusieron».
Esto es, según el juez, «organizar las jornadas por las personas que ellos previamente habían seleccionado».
En su auto de fecha 3 de octubre, Puebla también habla de una fragmentación de la organización de los eventos a través de múltiples contratos menores creados para poder mantener esta forma de contratación y eludir la publicidad para que otras empresas pudieran optar a organizar las jornadas.
Igualmente, señala que los encausados causaron un daño en el erario público del Cabildo de Gran Canaria de no menos de 11.
000 euros, al hacerse con el dinero de los patrocinios que se suscribieron para la celebración de dichas jornadas.
Así, según los hechos presentados por el juez, esta trama se confabuló para que la organización de cada una de las jornadas del paisaje celebradas entre 2016 y 2018 recayeran en la empresa de la que era administradora la mujer del por entonces interventor general del Cabildo, José Juan Sánchez Arencibia -ambos investigados-.
Si bien para evitar que pudieran plantearse dudas o reticencias debido al vínculo que les unía, decidieron conceder los contratos a otras entidades, en este caso Instituto Canario de Telecomunicaciones (2016-2018) y Yedra Comunicación (2019), lo que se define como un «subterfugio» por parte del juez.
Y es que gran parte del dinero concedido por el Cabildo a estas empresas terminó ingresándose en la compañía Imaco 89, cuya administradora era la esposa del interventor general.
Así, esta empresa habría recibido de Instituto Canario de Telecomunicaciones 44.
503,75 euros de los 67.
217,40 euros que percibió del Cabildo, mientras que de Yedra Comunicación, 14.
924,24 euros de los 14.
950 euros que recibió por la organización de las cuartas jornadas, las de 2019.
En cuanto a los patrocinios, se los repartieron entre los dos administradores de las empresas que sirvieron como pantalla, también investigados, y la propia esposa del interventor, según el auto.
Investigados y delitosComo ya se ha mencionado, entre los investigados están la consejera insular Inés Miranda, el entonces interventor general del Cabildo y también los por entonces director general de Política Territorial, Rafael Pedrero, y director del Desarrollo Estratégico del PIO/GC, Víctor Quevedo, quienes tenían las competencias y control dentro de la corporación tanto de los contratos como de su adjudicación y reparto de fondos.
A ellos se suman los tres administradores de las empresas implicadas en los hechos.
Para el juez, estos hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, al dictarse arbitrariamente resoluciones y resolverse adjudicaciones al margen de los procedimientos legales establecidos; y malversación de caudales públicos, por disponer de forma irregular de los fondos del Cabildo y desviar los ingresos de los patrocinios recibidos.
Asimismo, detecta un posible fraude a la administración, por el concierto entre las autoridades públicas y los empresarios con el fin de perjudicar al Cabildo en las contrataciones, y en el caso del entonces interventor general, el de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, por los expedientes relacionados con su esposa.
Tras el traslado del auto a Fiscalía y el resto de acusaciones, estas tienen un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien el sobreseimiento de la causa, así como, de forma excepcional, la práctica de diligencias complementarias a las ya llevadas a cabo.
Contra el presente auto, se puede interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días desde el siguiente al de su notificación.
EFEcas/cda