Santa Cruz de Tenerife, 13 oct (EFE).
– El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha manifestado este martes que es comprensible que «la gente salga a la calle» por la vivienda, pero ha advertido de que «el malestar es con todos», con el Gobierno de Canarias y también con Pedro Sánchez.
«No pensemos que esto es de bandos políticos», ha dicho Rodríguez en una comparecencia parlamentaria solicitada por el PP, en la que ha repasado las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Canarias para avanzar en la solución al problema de la vivienda y que en su opinión han supuesto «un cambio de tendencia», en contra del criterio de la oposición de PSOE, Nueva Canarias y Vox.
Rodríguez afirmó que la gente salió a la calle «porque no se convalidó un decreto en el Congreso de los Diputados y también salió a la calle porque se sintió engañada por el Gobierno de Sánchez a la hora de aprobar ese decreto».
«Con el Gobierno de Canarias también habrá malestar, pero es con todos», insistió el consejero, quien defendió las medidas adoptadas por el ejecutivo autonómico, que no son suficientes pero «empiezan a dar resultados», con más de 4.
000 solicitudes de vivienda protegida de promoción privada en 2024 y 2025, frente a 190 en 2021 y 2022.
Rodríguez aclaró que esas solicitudes no equivalen a viviendas disponibles, sino un trámite previo a la licencia y la construcción.
Señaló además que el Instituto Canario de la Vivienda, Visocan, los cabildos y algunos ayuntamientos promueven más de 4.
000 viviendas públicas, una cifra que ha considerado récord, aunque insuficiente.
También destacó la compra de edificios inacabados que suman más de 400 viviendas, algunas ya finalizadas y ocupadas, y la adquisición de inmuebles a la Sareb.
Entre las medidas adoptadas el consejero citó la actualización del módulo básico canario, la agilización de licencias y el nuevo sistema de adjudicación de vivienda pública mediante baremación, en sustitución del sorteo.
Anunció próximas convocatorias de adjudicación en varios municipios e indicó que ya está firmado el contrato del programa de movilización de vivienda vacía impulsado por Visocan.
Rodríguez reconoció la preocupación ciudadana y sostuvo que ninguna medida resolverá por sí sola la emergencia habitacional.
Patricia Hernández, del PSOE, señaló que las 4.
000 viviendas anunciadas no equivalen a viviendas terminadas y disponibles y contrapuso esa cifra al aumento de más de 12.
000 personas entre los demandantes de vivienda.
También reprochó al Ejecutivo que no haya ejecutado el Plan Canario de Vivienda aprobado por el anterior Gobierno y aseguró que Canarias está «a la cola» en el crecimiento de la vivienda protegida.
La diputada socialista reclamó al Gobierno canario que intervenga en el mercado del alquiler y declare zonas tensionadas para contener los precios, y vinculó las protestas ciudadanas con la exigencia de que el Gobierno de Canarias ejerza sus competencias.
Carmen Hernández, de Nueva Canarias, calificó de «desastroso y fracasado» el resultado de la política de vivienda del Gobierno de Canarias, cuando hay 37.
000 personas en espera de vivienda, 12.
000 más que en 2023, y cuando los alquileres se han encarecido un 33 %.
Paula Jover, de Vox, denunció que no se atiendan las reivindicaciones de los 70.
000 propietarios de viviendas afectados por la ley turística, así como la falta de resultados del programa de viviendas vacías, de la hipoteca joven y que todavía no se disponga de un plan canario de vivienda propio para esta legislatura.
La diputada del PP Jennifer Curbelo, autora de la solicitud de comparecencia, atribuyó a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez la reducción de la oferta de alquiler y el agravamiento del problema de la vivienda.
También descalificó la eficacia de las medidas estatales para contener los precios y aumentar la construcción y defendió que los propietarios son parte de la solución si se les da seguridad jurídica y garantías para que alquilen sus viviendas y puedan recuperarlas cuando las necesiten.
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