Santa Cruz de Tenerife, 15 oct (EFE).
– La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha reiterado este jueves la petición de 13 años de cárcel para un extrabajador de un centros de personas con discapacidad acusado de haber agredido en dos ocasiones a una interna.
En la vista oral, celebrada en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, declararon, entre otros, tres psicólogas que analizaron a la víctima, su relato de los hechos y su capacidad para consentir o no.
Para dos de las especialistas, su relato es “probablemente creíble” y pese a que tiene limitaciones a la hora de explicarse con claridad cumple con diez de los 19 criterios para dar por válido su testimonio como es ser lógico, detallado y saber situar el contexto de lo ocurrido.
Las dos peritos creen que la mujer no tiene conciencia sobre sus actos ni percibe las consecuencias o peligro que pueden traer consigo por lo que su capacidad para permitir estas relaciones es limitada.
Otra psicóloga sí cree que es capaz pero no puede conocer las intenciones reales de la otra persona y las tres coinciden en que sería más clara la posibilidad de oponerse a realizar algún acto contra su voluntad, todo ello teniendo siempre en cuenta que se trata de una personalidad especialmente vulnerable.
La joven de 22 años cuando supuestamente ocurrieron los hechos, tiene reconocida una discapacidad del 65%, ha sido diagnosticada de epilepsia y trastorno de la conducta además de una discapacidad intelectual baja y media baja, factores que, según la Fiscalía, lla convierte en una persona especialmente vulnerable, tal y como sabía el acusado.
El primer episodio habría tenido lugar el 25 de febrero de 2022 cuando, según declaró la joven, con el señuelo de que le iba a dar un regalo entraron en el baño del patio donde el acusado supuestamente la agredióLa segunda agresión se produjo el 10 de marzo mientras estaba en la azotea fumando y en ese momento llegó el procesado y la agredió, esta vez también por la espalda y sin tampoco dar ella en ningún momento su consentimiento, según su testimonio.
En días posteriores contó a la cuidadora lo ocurrido y la dirección optó por despedir al acusado tras ver las imágenes obtenidas de esta segunda ocasión, por lo cual si bien no hubo pruebas sí se contaba con indicios suficientes para rescindir el contrato al considerar que se estaba ante un comportamiento inadecuado.
Un trabajador recordó que en una ocasión vio que se comportaba de una manera extraña y al preguntarle qué pasaba le contó lo que había ocurrido en la azotea que ella redujo a unos tocamientos.
La madre relató que la hija está nerviosa y estresada al recordar lo ocurrido, no quiso declarar en el juicio y que ella se enteró por que un día le dijo que tenía que contarle algo «pero siento miedo.
Un señor me violó”.
Tras oír lo ocurrido la madre declaró que se quedó en estado de shock, presentó la denuncia y a partir de ahí la hija no quiere hablar de lo que pasó.
En sus conclusiones finales la Fiscalía insiste en solicitar una pena de 13 años de cárcel y el pago de una indemnización de 20.
000 euros que el abogado de la familia eleva a 30.
000 mientras que la defensa insiste en la inocencia de su cliente, que optó por no declarar.
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