Santa Cruz de Tenerife, 20 oct (EFE).
– El PSOE y Nueva Canarias han insinuado este martes en el pleno del Parlamento regional que la consejera de Turismo, Jéssica de León, actúa al dictado del exministro José Manuel Soria en la modificación de la Ley del Turismo.
El diputado socialista Gustavo Santana ha llegado incluso a pedir la dimisión de la consejera, que le ha contestado: «permítame que me lo tome a coña», y ha ironizado con «lo alto que tienen el listón» en el PSOE si Pedro Sánchez no ha dado este paso tras «lo de Ceuta, Adamuz, Koldo o el hermano».
Todos los grupos de la oposición, incluido Vox, le han pedido a la consejera que desista de tramitar el decreto por el que se busca una reforma integral de la normativa turística del archipiélago, y que se aborde esta cuestión ya en la próxima legislatura con garantías de participación y transparencia.
Gustavo Santana (PSOE) ha rememorado que el pasado julio le preguntó dos veces si iba a aprobar un decreto ley «y no contestó», pero a las dos semanas se filtró un borrador a la prensa y solo hace una semana a CC, socio de gobierno del PP, el partido de la consejera, mientras que la oposición «sigue mendigando» por el mismo.
Sucede que antes ya había sido remitido a la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, en cuya contestación solicitaba que debido a la importancia del asunto debía tramitarse como proyecto de ley y que el carácter de urgente necesidad no estaba acreditado.
Llegado a este punto, Santana se ha preguntado: «¿para quién gobierna? No vaya a ser que para alguien que se apellida igual que una provincia española».
En la misma línea, Esther González (NC) ha afirmado que «la mano que mece la cuna» en todo este asunto «es alguien que está más cerca de Segovia que de Canarias», que es quien «pone la partitura y el Gobierno la toca sin rechistar», como «pararrayos de una política feroz dictada desde despachos ajenos».
La consejera ha rescatado unas declaraciones de septiembre de 2015 de Román Rodríguez (NC) y de Rosa Bella Cabrera (PSOE) sobre el uso residencial, en las que defendían que «se debía evitar y suprimir el uso residencial», y les ha recriminado que «ahora vienen a farmear aura turística».
«Ni creen en los propietarios -de apartamentos y bungalows en zonas turísticas- ni en los usos mixtos, ni los apoyan, solo quieren sus votos», ha proclamado la consejera, igual que antes se lo recriminara Esther González (NC) al recordarle el compromiso firmado por Fernando Clavijo con los afectados por la ley turística en vísperas de las elecciones de 2023.
Jéssica de León ha recalcado que solo ella y el presidente Clavijo se han reunido con los afectados por esta situación «para solucionar sus problemas» y no para presentar un proyecto de ley que no lo haría, y ha admitido que se trata de «un asunto difícil» que requiere de «fórmulas imaginativas».
La consejera se ha reafirmado en su compromiso de modificar la ley turística atendiendo a todos los actores y casuísticas, pues más allá de la residencialización hay otros asuntos que abordar como el turismo rural, activo, deportivo, de naturaleza, el agroturismo o los guías.
Y para ello, ha proseguido, «se necesita mucho diálogo y el Gobierno de Canarias tiene derecho a hacerlo con todos».
De León ha cerrado su intervención con una pulla al PSOE, del que ha dicho: «no sabía que la palabra de Ashotel iba a misa».
Esther González (NC) le ha recordado que apenas quedan seis meses de legislatura y se ha preguntado «por qué ni a cuento de qué el cacareado borrador de proyecto de ley permanece guardado en una gaveta».
Ha conminado a la consejera a que explique si dicho decreto «seguirá condenando a los pequeños propietarios» de viviendas en zonas turísticas, y qué sucederá con esos inmuebles cuando estos mueran, y qué soluciones se contemplan para los procedimientos sancionadores.
Paula Jover (Vox) ha reprochado al Gobierno de Canarias su «decepcionante» gestión turística, y si no se producen dimisiones, ha pedido que al menos la consejera desista de ese «decretazo» que se tramita «bajo todo tipo de oscurantismo».
Ha acusado al ejecutivo de «enfrentar» a los propietarios con los empresarios turísticos y ha juzgado una contradicción que por un lado se busque limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros y por otro, se acaben desalojando viviendas para que acaben siendo ocupadas por turistas.
Por los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias, Jesús Ramos (ASG) ha pedido que el nuevo decreto recoja la prevalencia de la ley de las islas verdes y que se afronte con seguridad jurídica el principio de unidad de explotación, al tiempo que se cuente con la opinión de cabildos y ayuntamientos.
David Morales (PP) ha coincidido con la consejera en que el objetivo debe ser dar garantías jurídicas para todas las partes implicadas, con el fin último de garantizar la calidad y homogeneidad de los establecimientos y la mejora del destino, como también poner fin a «décadas de inacción, litigios y conflictos sin una solución clara».
Socorro Beato (CC) ha indicado por su parte que la futura normativa supone una oportunidad para abordar la forma en que el éxito de la industria turística se traduzca en mayores cotas de bienestar para los canarios.
También ha valorado «el compromiso» de la consejera de solventar cuestiones como la unidad de explotación, la residencialización de los complejos y la compatibilidad de diferentes usos.
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