Puerto del Rosario (Fuerteventura), 26 oct (EFE).
– La candidata del Partido Popular al Senado por Fuerteventura, Esther Hernández Marrero, se ha comprometido este lunes a situar la crisis de la vivienda en la agenda nacional y convertirla en una de sus prioridades en la Cámara Alta tras las elecciones del 29N.
En un comunicado, Hernández ha subrayado que Fuerteventura atraviesa «una preocupante emergencia habitacional que requiere inversión estatal, suelo disponible, colaboración institucional y menos trabas burocráticas».
«Hay algo que no deberíamos aceptar como normal: que una persona pueda trabajar en Fuerteventura y, aun así, no encuentre una casa donde vivir», ha manifestado Hernández quien cree que la vivienda «no es un capricho sino un derecho para poder independizarse, poder formar una familia o poder construir un futuro aquí».
La candidata del PP ha criticado que la solución a este grave problema «no se resuelve con dos decretos casi improvisados, como son los que aprobó Pedro Sánchez por la puerta de atrás, sin el respaldo de la Cámara legislativa que representa a todos los españoles, ni prohibiendo a través de una ley que lo único que ha conseguido es perjudicar a las personas más vulnerables».
«El problema habitacional de España se resuelve con financiación real del Estado para la construcción de vivienda pública y asequible», ha asegurado.
Hernández ha afirmado que, en su opinión, durante los últimos ocho años «apenas se ha avanzado» en esta materia y ha sostenido que algunas promociones previstas en Fuerteventura «ni siquiera se han empezado a ejecutar ni tienen fecha para hacerlo».
Asimismo, ha recordado la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar la creación de un millón de viviendas públicas en España.
Por otro lado, ha denunciado la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, un texto que, a su juicio, ha tenido un «impacto negativo», «ha generado una gran inseguridad jurídica y ha sacado miles de viviendas del mercado de alquiler tradicional».
“Con la entrada en vigor de la ley, muchos propietarios optaron por derivar sus inmuebles al alquiler temporal o a ponerlos a la venta ante las cargas excesivas, la desprotección frente a impagos o las dificultades para recuperar el bien”, ha manifestado la candidata.
Según Hernández, «esta situación ha terminado perjudicando directamente a los inquilinos, especialmente a jóvenes y familias vulnerables, por el endurecimiento de los requisitos económicos exigidos».
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