SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Oct. (EUROPA PRESS) –
El Fiscal Superior de Canarias, Jaime Serrano-Jover, ha solicitado este viernes «más coordinación» a todas las administraciones para aplicar correctamente el Pacto Europeo de Asilo y Migración y una reforma legislativa que permita juzgar los asesinatos que se producen en cayucos en aguas internacionales.
En una comparecencia ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias para dar cuenta de la memoria de 2025 ha comentado que hay «problemas competenciales no resueltos» en el triaje de las personas migrantes y desea «con todo el alma» que se llegue a un acuerdo.
Ha dicho que se están sacando adelante expedientes «por conciencia» pero en la práctica, ha señalado que «no se aplica» el pacto en Canarias.
Sobre las competencias en aguas internacionales ha señalado que «se ha estirado el chicle» todo lo que se ha podido dado que el Tribunal Supremo ha admitido competencia «si nadie lo reclama» pero en su opinión se trata de una «interpretación muy forzada» que ha evolucionado «con determinados bandazos».
En esa línea ha comentado que «sería conveniente» incidir en la necesidad de que se pueda modificar la ley orgánica del Poder Judicial y «reconocer la capacidad» para poder intervenir en este tipo de asuntos porque muchas veces los asesinatos o lanzar a alguien por la borda «quedan impunes» cuando se trata de hechos de una «extraordinaria gravedad y una extraordinaria violencia».
Serrano-Jover ha comentado que la migración es una «prioridad» para la Fiscalía y de hecho se ha convertido en «referencia» en España, con una «formación especial» que se ha copiado después tanto en la Fiscalía General del Estado como en algunas comunidades autónomas.
Ha remarcado que especialmente los menores son una «prioridad absoluta» y en 2025 las fiscalías tramitaron 1.106 expedientes de terminación de edad, 373 en Las Palmas y 733 en Santa Cruz de Tenerife, más 3.004 expedientes de tutela.
El fiscal no ha querido ahondar en una posible relación entre inmigración y delincuencia ya que «no es útil», no hay una «vinculación demostrada» y en «nada mejora» al entendimiento de los hechos delictivos.