Santa Cruz de Tenerife, 30 oct (EFE).
– El Cabildo de Tenerife ha elaborado una propuesta de sanción de 5.
400 euros por tres faltas graves a Aqualia, concesionaria de la estación depuradora de Valle de La Orotava, en Punta Brava, por el derrame de cloruro férrico el pasado mes de septiembre.
Así lo ha avanzado en el pleno de la corporación insular la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, quien ha detallado que las tres faltas graves, cada una penada con 1.
800 euros, son por un deficiente control de acceso a las instalaciones, la insuficiente contención y gestión del derrame y una comunicación tardía del mismo.
De hecho, Pérez ha detallado que supo del vertido por un chat de los Bomberos de Tenerife y no por los responsables de la empresa concesionaria de la depuradora, que no informó del mismo a nadie del Consejo Insular de Aguas ni de la empresa pública Balsas de Tenerife (Balten).
La consejera ha detallado que el derrame tóxico se produjo en la conducción de tratamiento terciario, que cayó sobre el pavimento y discurrió hasta la red de imbornales, pero que según las comprobaciones efectuadas hasta la fecha no llegó a la zona de acantilados ni al mar.
Ha hecho hincapié en que por el momento lo que se ha hecho es «una propuesta técnica de penalidades contractuales», que se le concederá el trámite de audiencia a la concesionaria y se le requerirá la acreditación de las medidas correctoras, y que elevarán las actuaciones al órgano de contratación para tomar las medidas que procedan.
Entre esas medidas que se le pide a Aqualia figuran el refuerzo del cierre y control de acceso a las instalaciones, la disponibilidad de materiales absorbentes, el confinamiento de derrames y un procedimiento específico de emergencias y la formación del personal, así como la comunicación inmediata de cualquier incidencia al Consejo Insular de Aguas.
Blanca Pérez ha recordado que en paralelo al procedimiento de información reservada, el Cabildo de Tenerife trasladó los hechos al juzgado sin que por el momento tenga conocimiento de ninguna novedad al respecto.
Por lo demás, la consejera ha desvinculado a la depuradora de Punta Brava de los episodios de contaminación fecal en Playa Jardín, y ha ratificado que ha ordenado la construcción de un nuevo emisario porque no es descartable que una vez reparado el actual vuelva a romperse por el material del que está hecho y por su ubicación.
El consejero del PSOE Javier Rodríguez ha expresado su preocupación porque Blanca Pérez supiera del vertido por un chat de los Bomberos y porque en su intervención no haya aclarado las causas ni la cantidad vertida.
Sobre los cierres de Playa Jardín, ha recriminado la «incoherencia evidente» que existe en el grupo de gobierno insular, ya que ha recordado que el vicepresidente de la corporación, Lope Afonso, los relaciona con la gestión de la depuradora de Punta Brava.
EFEjmor