Las Palmas de Gran Canaria, 5 nov (EFE).
– La representación en Canarias de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) pide a los candidatos a las elecciones del 29 de noviembre que tengan en cuenta a las entidades sociales para diseñar las políticas públicas y les exige responsabilidad frente a la pobreza, la exclusión social y la desigualdad.
Esta organización, que aglutina a 40 entidades, ha difundido este jueves un manifiesto titulado ‘Una mayoría absoluta contra la pobreza’, en el que pide a los candidatos «un compromiso sostenido contra la pobreza, con presupuestos suficientes, plazos y resultados que puedan comprobarse».
La red, además, ha elaborado un documento con sus reclamaciones para que los candidatos lo incorporen en sus programas, de manera que garanticen ingresos suficientes para vivir, viviendas asequibles, empleos estables y dignos, un pacto de Estado contra la pobreza y medidas de inclusión.
Así, reclaman que se mejore la cobertura y las cuantías del ingreso mínimo vital, las pensiones no contributivas y otras prestaciones, así como su coordinación con la Renta Canaria de Ciudadanía, y propone una prestación universal por crianza, más protección para los hogares con mayores necesidades y trámites sencillos, con atención presencial, telefónica y digital accesible.
En materia de vivienda, solicita que se asegure una financiación estatal estable para ampliar el parque público y social de alquiler asequible, además de medidas para contener los precios y abordar los usos turísticos y temporales que reducen la vivienda habitual disponible.
Prevenir los desahucios, garantizar alternativas residenciales adecuadas y ofrecer soluciones estables con acompañamiento a las personas sin hogar o en exclusión residencial, son otras de las medidas que demandan.
En el ámbito del empleo, exigen que se mejore el salario mínimo interprofesional, fortalecer la negociación colectiva y reforzar la inspección laboral, reduciendo la parcialidad involuntaria, entre otras demandas.
Así mismo, piden a los candidatos que impulsen durante el primer año de legislatura un Pacto de Estado contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad, con objetivos verificables y que se reconozcan los costes de la insularidad y la ultraperiferia en la financiación pública, una fiscalidad más justa y una financiación estable y plurianual para las entidades sociales.
Reforzar la protección de las familias monoparentales y los derechos de quienes cuidan, reconocer los sobrecostes de la discapacidad y la dependencia, ampliar los apoyos para la vida independiente y la atención comunitaria en salud mental y adicciones, son otras de sus reclamaciones.
La red solicita que todas las medidas deben incorporar igualdad, perspectiva de género, interseccionalidad y no discriminación, reconocer las diferencias entre islas y municipios y contar con la participación de las personas en situación de pobreza.
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