Las Palmas de Gran Canaria, 5 nov (EFE).
– Colectivos de lucha por la vivienda de Las Palmas de Gran Canaria han lanzado una campaña para animar a la ciudadanía a presentar alegaciones en la consulta pública abierta por el Gobierno de Canarias sobre la posible declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado.
La iniciativa, promovida por Acampada 26S de Gran Canaria, Derecho al Techo y Guanarteme Se Mueve, está dirigida a personas afectadas por las dificultades de acceso a la vivienda y a quienes estén preocupadas por el aumento de los precios del alquiler y la compra de inmuebles, han explicado este jueves en un comunicado.
Mientras que en redes sociales la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias señaló el pasado 14 de octubre que el plazo finaliza el próximo 12 de noviembre, desde Derecho al Techo han afirmado a EFE que termina realmente el 4 de diciembre.
Así se desprende del hecho de que el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas publicara el expediente el pasado 14 de octubre y de que, según recogió el Boletín Oficial de Canarias del pasado 22 de octubre, el plazo para presentar alegaciones se inicie con la primera de las publicaciones y permanezca abierto hasta que hayan transcurrido treinta días hábiles desde el día siguiente a la segunda publicación.
Para llevar a cabo las alegaciones, los colectivos han difundido modelos de escritos a través de sus redes sociales para facilitar la participación de la ciudadanía, que podría formular sus alegaciones y observaciones en el portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias.
«La reivindicación es clara: Las Palmas de Gran Canaria debe ser declarada zona tensionada, y esta decisión debe tomarse con datos rigurosos, transparentes y que cualquiera pueda comprobar», han indicado los colectivos.
La declaración de zona tensionada permitiría aplicar medidas previstas en la Ley estatal 12/2023 por el derecho a la vivienda, entre ellas mecanismos de contención de rentas e incentivos fiscales para propietarios que reduzcan los precios del alquiler.
Según recuerdan los colectivos, un informe preliminar elaborado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2025, con participación de investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), concluye que el esfuerzo económico de los hogares supera los umbrales fijados por la legislación estatal.
Según han indicado los colectivos en el comunicado, ese estudio cifra en un 30,70 % el porcentaje de ingresos que un hogar medio destina al pago de una hipoteca y en un 30,97 % el esfuerzo necesario para afrontar un alquiler.
Sin embargo, un informe posterior elaborado por el Colegio de Economistas de Las Palmas (COELPA) cuestiona las fuentes utilizadas en el primer diagnóstico y sostiene que el municipio no cumple los requisitos para ser declarado zona tensionada.
Acampada 26S critica ese documento por considerar que contiene «errores de cálculo», «cambios de criterio no explicados» y una «falta de transparencia en las fuentes utilizadas».
Además, los colectivos sostienen que los datos utilizados para calcular los precios del alquiler no reflejan la situación actual del mercado, ya que parte de los contratos analizados fueron firmados hace años.
Como ejemplo, señalan que, mientras el informe del COELPA sitúa el esfuerzo del alquiler en el 24 %, los precios publicados en portales inmobiliarios superan el 30 % de los ingresos medios de los hogares.
Los colectivos también reclaman medidas para frenar la pérdida de vivienda residencial, inspeccionar posibles situaciones de infravivienda y estudiar actuaciones frente a la concentración de inmuebles en manos de grandes tenedores.
EFEmrgz/cas