Las Palmas de Gran Canaria, 6 nov (EFE).
– Drago Canarias ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de proclamación de la coalición Unidad del Pueblo Canario (UPC) por considerar que induce a confusión y usurpa las siglas «vigentes e históricas de la política soberanista» en el archipiélago.
En un comunicado difundido este viernes, Drago Canarias ha informado de que el recurso lo presentó ayer, jueves, ante los juzgados de las dos provincias.
Así mismo, Drago Canarias ha exigido a la Junta Electoral Central sus derechos electorales y la asignación proporcional de espacios gratuitos de propaganda y cobertura informativa en los medios de comunicación públicos autonómicos y estatales.
En su recurso contencioso-electoral, Drago Canarias sostiene que la utilización de las sigla UPC por parte de la coalición formada por Nueva Canarias, Izquierda Unida, Podemos Canarias y Sumar «vulnera de forma flagrante» el artículo 46.
4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral al evocar deliberadamente dos realidades políticas ajenas.
La coalición electoral Unión del Pueblo Canario (UPC) es una referencia de la izquierda nacionalista que obtuvo representación en las Cortes Generales y en la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en 1979, y además es una formación política inscrita en el Registro de Partidos con sede en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), según Drago Canarias.
El partido que lidera Alberto Rodríguez señala que la acción legal no busca la exclusión de los candidatos de la lista, sino la «inmediata activación» del trámite de subsanación previsto en el artículo 47.
2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LORG) para que la coalición modifique su denominación o retire las siglas UPC del instrumento de votación, garantizando así el derecho de la ciudadanía a emitir un voto libre e informado sin distorsiones.
En su otro recurso contra el Acuerdo 322/2026 de la Junta Electoral Central, el cual atribuye los derechos electorales de las pasadas elecciones de 23 de julio de 2023, entiende que se ha excluido a la formación Drago Canarias.
La nota señala que la formación obtuvo 107.
999 votos en 2023 en el archipiélago, un 10,55 % de los sufragios válidos emitiéndose en el territorio, concurriendo en la coalición Sumar y encabezando la candidatura al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife.
Asimismo, la cláusula octava del pacto constitutivo registrado formalmente ante la Junta Electoral Central le otorgaba de manera explícita un 20 % de representación territorial.
Por ello, ha rechazado que los derechos acumulados en 2023 sean absorbidos «indebidamente por una nueva confluencia, UPC, integrada por partidos como Nueva Canarias y cuatro partidos madrileños, cuando Nueva Canarias en aquellas elecciones compitió de forma independiente».
Por ello, requiere la asignación del tramo de 30 minutos de emisión de propaganda gratuita que le corresponde legalmente por los resultados de 2023 en Radio Televisión Canaria y Radio Televisión Española, la integración formal en la Comisión de Radio y Televisión encargada de supervisar el periodo electoral y la inclusión en los planes de cobertura, entrevistas y debates.
Un derecho que entiende que se ve reforzado por el reconocimiento de la trayectoria de su dirigente, Alberto Rodríguez.
Drago Canarias considera que «no se puede permitir que se distorsione la decisión del electorado en las urnas mediante la apropiación de siglas históricas y registradas, ni que se pretenda invisibilizar en los medios públicos a la única fuerza canaria que de forma indiscutible participó en el resultado de una coalición electoral en las Elecciones Generales de 2023».
Por ello, recalca que han acudido a la justicia y a los órganos electorales para garantizar los legítimos derechos de la trayectoria del soberanismo canario y para exigir el «juego limpio» y defender los derechos de los más de 100.
000 votos que respaldaron las candidaturas de las que formó parte como organización política en las Elecciones Generales de 2023.
EFEcda/cas