Santa Cruz de Tenerife, 9 nov (EFE).
– Elisabet Santana, directora general de Servicios Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, ha afirmado este lunes que unas 82.
000 personas han dejado de encontrarse en riesgo de pobreza o exclusión social en esta legislatura y ha añadido que sin las prestaciones sociales la pobreza afectaría a la mitad de la población, según datos que ha citado de un informe de EAPN Canarias.
El indicador AROPE de Canarias sitúa la tasa de pobreza en el 31,2 %, cuando al principio de la legislatura estaba en el 38 %, mientras que la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida del Istac, que mide parámetros monetarios, sitúa en el 17,6 % el porcentaje de población por debajo del umbral de riesgo de pobreza, frente al 20,5 % de 2022, ha indicado Santana en la comisión del Parlamento de Canarias que estudia la pobreza infantil.
La directora general ha indicado que esta evolución positiva de los indicadores de pobreza no pueden atribuirse a una única medida, sino a la combinación de «empleo, pensiones, prestaciones y transferencias públicas», que contribuyen a sostener la renta de los hogares.
De hecho, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN Canarias) considera que sin las pensiones, prestaciones y el resto de transferencias sociales, «la pobreza afectaría a casi la mitad de la población canaria», ha subrayado la directora general.
«Las prestaciones importan, la protección económica no es un elemento accesorio, sino una barrera que evita que miles de personas caigan en situaciones mucho más graves», ha afirmado.
Elisabet Santana ha puntualizado que la pobreza infantil no constituye una realidad aislada de las condiciones económicas y sociales de las familias y debe abordarse de forma coordinada desde los servicios sociales, el empleo, la educación, la vivienda, la salud, la fiscalidad y las políticas de igualdad y cuidado.
Ha explicado que su dirección general la aborda a partir de la garantía de ingresos, la renta canaria de ciudadanía, los itinerarios de inclusión, el fortalecimiento de los servicios sociales municipales, la coordinación con los ayuntamientos, la estabilidad de las entidades de este sector, el desarrollo del concierto social y la mejora de los sistemas de información.
En este sentido, ha explicado que la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha confirmado que en Canarias ha habido «una transformación estructural del sistema de los servicios sociales», hasta convertirse en «la cuarta comunidad autónoma con mejor desarrollo de sus servicios sociales».
«El gasto por habitante destinado a servicios sociales pasa de 619 euros en 2023 a 724 euros en 2024», ha señalado Santana, mientras que la media estatal está en 575,06 euros por habitante.
Además, las rentas mínimas de inserción en Canarias representan el 17 % de la renta media, frente al 14 % del resto del Estado.
La directora general ha explicado que la renta canaria de ciudadanía, que perciben 11.
341 familias y que se prevé que alcance una dotación anual de 126 millones de euros, es la principal herramienta autonómica de garantía de ingresos e inclusión social y ha señalado que el reconocimiento tarda unos cuatro meses cuando el expediente está correctamente documentado.
Desde la entrada en vigor de esta prestación se han tramitado 37.
841 expedientes y se han resuelto 30.
747, de los que 19.
445 solicitudes son nuevas de reconocimiento.
El 34,46 % fueron denegadas por no reunir los requisitos, entre otras causas, por disponer de otros ingresos o prestaciones suficientes.
A esta protección se añade el complemento autonómico de los 400 euros para las personas perceptoras de las pensiones no contributivas y juntas estas dos prestaciones «forman parte del escudo social que sostiene los ingresos familiares y reducen el impacto de la vulnerabilidad económica sobre los niños y las niñas», ha indicado.
Santana ha subrayado no obstante que no solo las prestaciones, sino los itinerarios de inclusión son fundamentales, lo que ha contribuido a que a fecha de marzo de 2026, 577 expedientes se habían extinguido por incorporación laboral al superar los límites de ingresos y otros 550 titulares solicitaron la revisión de su prestación tras iniciar también una actividad laboral.
«Nuestra visión no es asistencialista, sino integradora, protegemos mientras existe necesidad y acompañamos para recuperar autonomía», ha asegurado.
En cuanto a las demandas para que el Gobierno de Canarias ponga en marcha los complementos de vivienda y educación contemplados en la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, la directora general ha afirmado que «continúan siendo objeto de análisis técnico y presupuestario».
Respecto al fortalecimiento de los servicios sociales municipales, ha destacado que el plan concertado con los ayuntamientos supone este año 97 millones de euros, lo que permite atender a unas 450.
000 personas y que los municipios contraten unos 2.
500 profesionales.
La simplificación burocrática y la estabilidad financiera de las entidades sociales son otros asuntos en los que se ha avanzado y se continúa trabajando, ha indicado Elisabet Santana.
«En 2026 destinamos 23 millones de euros a las entidades del tercer sector, que permiten financiar 236 proyectos de inclusión social y atender a 261.
000 personas», ha señalado.
«Nuestro objetivo es que cada familia reciba protección cuando lo necesite, acompañamiento para superar sus dificultades y oportunidades reales para que sus hijos y sus hijas no hereden nunca la pobreza», ha concluido la directora general.
EFEacp/brr(foto)