Las Palmas de Gran Canaria, 11 nov (EFE).
– El Ayuntamiento de Yaiza (Lanzarote) ha puesto este miércoles en marcha el procedimiento para contratar el derribo de parte del Hotel Son Bou, en Playa Blanca, como le ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para hacer cumplir una sentencia de hace ya 21 años.
En rueda de prensa, el alcalde Yaiza, Óscar Noda, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos, porque asegura que no se cargará con el coste de ese derribo al erario municiopal, aunque el Consistorio tenga que adelantarlo para luego repercutirlo s la empresa propietaria de hotel, la sociedad Hotel Princesa Yaiza SA.
Para el Consistorio, esta ressolución del TSJC «pone fin a una etapa de un largo procedimiento judicial relacionado con las irregularidades urbanísticas de este complejo, en la que el Ayuntamiento de Yaiza ha venido actuando conforme a los requerimientos judiciales y defendiendo la legalidad urbanística frente a las sucesivas iniciativas de la propiedad dirigidas a evitar o retrasar la ejecución de la sentencia».
«Lo que a priori puede parecer una mala noticia también tiene una lectura positiva, porque la Sala avala la gestión realizada por el Ayuntamiento de Yaiza», ha alegado el alcalde.
El Ayuntamiento tramitará los pliegos administrativos y técnicos que permitan contratar los trabajos de demolición, así como los servicios de dirección facultativa de las obras, teniendo en cuenta la complejidad de una intervención que afecta aproximadamente a dos terceras partes del complejo hotelero.
El alcalde ha explicado que la actuación debe planificarse con especial rigor técnico para garantizar que la parte de la edificación que permanezca en pie conserve las condiciones necesarias de estabilidad y seguridad, evitando que los trabajos de demolición ocasionen problemas posteriores en la estructura que no resulte afectada por la sentencia.
El alcalde ha valorado, asimismo, que el tribunal haya respetado los tiempos solicitados por el Ayuntamiento para organizar una actuación de estas características, que requiere la redacción de documentación técnica, la preparación de los procedimientos de contratación y la posterior ejecución material de las obras.
Preguntado por los periodistas sobre la posibilidad de que la propiedad plantee una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento, Noda ha indicado que esta cuestión ya ha sido consultada con los servicios jurídicos y que, en su opinión, el propio fallo judicial descarta que pueda utilizarse esta vía para obtener una compensación económica, teniendo en cuenta los beneficios que la explotación hotelera ha generado durante todos estos años.
Noda ha recordado que otro de los aspectos que deja claro el tribunal en la resolución es que una mera expectativa de regulación futura no constituye motivo suficiente para paralizar la ejecución de una sentencia firme y que ningún planeamiento posterior puede utilizarse como argumento para eludir la orden de derribo.
EFEjmr