Santa Cruz de Tenerife, 12 nov (EFE).
– Representantes de los cabildos de Tenerife, Fuerteventura y La Gomera han avalado este jueves el proyecto de ley de Biodiversidad y Recursos Naturales en Canarias, si bien han reclamado aclarar las competencias entre administraciones y dotar de medios económicos y técnicos para su aplicación.
El proyecto ha sido presentado este jueves ante la comisión general de cabildos insulares del Parlamento de Canarias por el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, quien ha señalado que se trata de una iniciativa de enorme trascendencia en la que el archipiélago, por primera vez, contará con una ley propia para la conservación y gestión sostenible de su patrimonio natural.
El consejero ha añadido que la redacción de esta norma se reinició «en una decisión responsable» después de que el Consejo Consultivo detectase deficiencias jurídicas en el texto elaborado por el anterior Ejecutivo regional, que invadía competencias básicas del Estado, incluía solapamiento normativo y no aportaba seguridad jurídica.
El nuevo texto ha recibido más de 2.
200 alegaciones y se han atendido prioritariamente las presentadas por cabildos y ayuntamientos, ha asegurado Hernández Zapata, para quien la norma viene a resolver la dispersión normativa histórica en este ámbito y dota a Canarias de herramientas avanzadas de conservación.
Entre las novedades, ha añadido, figuran la inclusión de un apartado específico para la protección del medio marino, la conservación de la biodiversidad en el mar y la preservación de los sistemas costeros y de los sebadales.
El consejero de Aguas, Educación y Juventud, Sector Primario y Residuos del Cabildo de Fuerteventura, Adargoma Hernández, ha indicado que la institución presentó alegaciones respecto a qué administración debe emitir informes sobre los espacios protegidos y ha expresado su preocupación respecto a los medios necesarios para asumir las nuevas obligaciones que plantea la norma.
Además ha pedido que se incluyan cuestiones específicas de Fuerteventura, como el tratamiento de los asentamientos rurales, el ganado de costa y el uso recreativo, deportivo y audiovisual en espacios naturales, además de solicitar la protección de los yacimientos paleontológicos y de las zonas de olas.
Por el Cabildo de La Gomera la consejera de Servicios Sociales, Educación, Cultura y Deportes, Rosa García, ha solicitado que se aclare el reparto de competencias, ya que se atribuye a los cabildos tareas como los planes de recuperación de especies, la protección de árboles singulares, el control de especies invasoras y la conservación de hábitats.
Para todo ello se precisan medios materiales y técnicos, ha señalado García, quien también ha considerado necesario precisar en qué circunstancia se atribuye al Gobierno la potestad de asumir alguna función ante la «inactividad» de un Cabildo, pues ha precisado que si una corporación no actúa es por falta de medios y debe primar la colaboración entre administraciones.
El consejero de Presidencia del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha pedido que se perfilen en el periodo de enmiendas cuestiones como la coordinación entre medidas incluidas en la norma de Biodiversidad y la ley del Suelo.
Además ha considerado que «no se debe dar por sentado» que las competencias en determinadas cuestiones referentes al ámbito marítimo son del Estado, para recordar que la inclusión del espacio marítimo de Canarias en el Estatuto de Autonomía es «una conquista» que puede avalar el que, por ejemplo, cuando se autorice una reserva marina pueda tratarse como una competencia autonómica.
Por el grupo Socialista el diputado Manuel Fumero ha solicitado que no se tramite este proyecto de ley por la vía de urgencia con el objetivo de contar con un texto que aporte rigor y garantías ambientales, pues en su opinión hay «muchas cosas que mejorar» como la falta de memoria económica y la supeditación de la conservación a determinados sectores económicos.
Socorro Beato, del grupo Nacionalista Canario, ha afirmado que se prevé un fondo de financiación para los cabildos, pero que se articulará en el desarrollo reglamentario de la ley, y se ha mostrado abierta a abordar la preocupación expresada por las corporaciones respecto a la clarificación de competencias.
Para el diputado popular Juan Manuel García Casañas el proyecto ofrece un marco común y actualizado de coordinación entre Gobierno, cabildos y ayuntamientos que hará que Canarias avance hacia una norma propia, clara y útil que impulsará la responsabilidad compartida en este ámbito.
Paula Jover, de Vox, ha criticado la inclusión «de la porquería ideológica» de la Agenda 2030 y la perspectiva de género en el proyecto, así como el «ataque» a la caza como actividad «esencial», y ha cuestionado que se endose a los cabildos la tarea de supervisar los ecosistemas a expensas de que el Gobierno en el futuro les asigne los recursos necesarios para ello.
Para la diputada de ASG Melodie Mendoza la norma debería ser bastante clara en el reparto de competencias y el régimen sancionador, además de garantizar que las obligaciones vayan acompañadas de medios técnicos y económicos suficientes, especialmente en las islas no capitalinas.
El diputado del grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha coincido en que las competencias deben venir acompañadas de recursos económicos, ha recordado que no todas las islas tienen la misma realidad ambiental y paisajística y ha advertido de que conservar no puede significar dar la espalda a esta situación «ni musealizar el entorno» en perjuicio de la actividad económica de sus habitantes.
EFEasd/acp