Madrid, 4 mar (EFE).
– El Tribunal Supremo ha aceptado citar a más de 75 testigos en el juicio al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y a Víctor de Aldama, entre los que no figura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sí la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres.
Torres y Armengol presidían los Gobiernos de Canarias y Baleares durante la pandemia de covid-19, momento en el que empresas relacionadas con Víctor de Aldama vendieron material sanitario a las dos comunidades.
El Supremo lo ha decidido en un auto en el que rechaza las cuestiones preliminares planteadas por los acusados -la más importante de ellas la de enviar la causa a la Audiencia Nacional- y fija el 7 de abril como fecha de inicio del juicio por siete delitos por la compra de material sanitario durante la pandemia.
El tribunal ha admitido todas las testificales propuestas por la Fiscalía y por el empresario y presunto corruptor de la trama, Víctor de Aldama, y ha rechazado varios de los solicitados por los otros dos acusados y por la acusación popular, que aspiraba a citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero, y la exministra de Industria Reyes Maroto.
El Supremo rechaza citarlos «dada la falta de relación con el objeto del proceso y la innecesariedad de sus testimonios para el esclarecimiento de los hechos imputados».
Ábalos y Koldo querían que testificase el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el segundo incluía en su propuesta al president de la Generalitat, Salvador Illa, y a la exdirectora del CNI Paz Esteban, pero el tribunal tampoco accede a llamarlos.
Entre los testigos admitidos figuran, además de Torres y Armengol, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez Ruiz; el director general de la Policía, Francisco Pardo; así como ex jefes de Gabinete de los ministros de Sanidad e Industria, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, y varios empresarios y familiares y allegados de los acusados.
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