Santa Cruz de Tenerife, 16 jul (EFE).
– La Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Valverde ha acordado la apertura de juicio oral contra un empresario investigado desde el pasado mayo por la presunta revelación de los datos médicos de la consejera de Turismo del Cabildo de El Hierro, María del Mar Suárez Armas.
Esta decisión se adopta después de que la Fiscalía presentara escrito de acusación por un delito de revelación de secretos.
En el auto, fechado el 3 de julio, el juez Antonio Mazuecos considera que las actuaciones ofrecen méritos suficientes para exigir responsabilidad a determinadas personas que se concretan en la acusación, por lo que «procede acordar dicha apertura».
La resolución mantiene la situación de libertad provisional del acusado y le requiere para que preste una fianza de 5.
000 euros destinada a asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerle.
Asimismo, determina que el órgano competente para el enjuiciamiento será la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Según la investigación judicial, el acusado, propietario de un hotel en la isla, obtuvo un informe médico de la consejera que había sido incorporado por ella a un procedimiento judicial relacionado con una querella por injurias y calumnias y, posteriormente, lo presentó junto a una solicitud registrada en el Cabildo de El Hierro en la que pedía la dimisión de la responsable insular.
En el auto por el que el juez acordó transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado ya se recogía de forma indiciaria que el investigado, «lejos de hacer un uso responsable de la documentación que le fue entregada, destinándola a la defensa de sus pretensiones en aquel procedimiento», la presentó en el registro general del Cabildo, «dejando así al descubierto todos los datos médicos de las patologías que padece la denunciante».
La investigación también concluyó que la solicitud fue registrada con el certificado digital del investigado y que las diligencias practicadas permitieron vincular la dirección IP empleada con una línea telefónica contratada a su nombre.
Además, el órgano judicial apreció indicios de que la documentación médica pudo quedar al alcance de distintos empleados públicos del Cabildo, al incorporarse al expediente administrativo correspondiente.
Tras finalizar la instrucción, la autoridad judicial apreció indicios suficientes de un presunto delito de revelación de secretos y dio traslado de las actuaciones a la Fiscalía, que finalmente interesó la apertura de juicio oral, ahora acordada por el instructor.
EFE
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