Las Palmas de Gran Canaria, 11 feb (EFE).
– Los representantes de la Inmobiliaria Montecastillo acusan a su abogado, Francisco P.
, de haberla llevado a su hundimiento tras alcanzar en 2009 un acuerdo a «sus espaldas» por el que daba por satisfecha una deuda de cerca de 3 millones de euros que permitió que los dos condenados a su pago por alzamiento de bienes obtuvieran la suspensión de condena.
El abogado de la acusación, Eduardo Urbano, ha pedido por ello este miércoles a la Audiencia de Las Palmas que se imponga al acusado, que cobró 45.
000 euros por ese acuerdo, la pena de tres años y medio de prisión por un delito de estafa procesal y el pago de una multa de 36.
000 euros por otro de deslealtad profesional.
El Ministerio Fiscal considera que los hechos que se atribuyen a Francisco P.
constituyen un delito de administración desleal, pero prescrito, por lo que no formula acusación en este caso.
El acusado, que ha ejercido su defensa, ha negado los hechos ante el tribunal y ha pedido que se condene en costas a los dos querellantes A.
B.
y F.
P.
por haber fabricado una «gran falacia» y haber actuado en su denuncia de «mala fe» y de forma «temeraria».
Según Francisco P, la querella, presentada once años después de los hechos, se basa en lo que el yerno del fundador de la inmobiliaria, Juan Calderín, que falleció en 2016, cree que debió ocurrir.
Al mismo tiempo, ha sostenido que los 45.
000 euros que cobró respondían a las costas, pese a que no conste en la contabilidad de la empresa, pero hay testigos que así lo han señalado en el juicio.
Un juicio que se inició este martes con la práctica de la prueba procesal y que este miércoles ha concluido con la presentación de los informes.
En su alegato final de defensa, el procesado ha afirmado que el problema radica en que fue un «pacto de honor» y que cobró las costas cuando se consiguió, y no antes, y que además se había declarado la insolvencia por parte de los deudores.
Francisco P.
se ha preguntado también por el motivo por el que los querellantes no activaron la ejecutoria de la sentencia para cobrar los tres millones de euros, ya que la responsabilidad civil no prescribe, según una sentencia del Tribunal Supremo.
A su juicio, en lugar de activar la ejecutoria se han dedicado a «arruinar la vida al abogado» y la causa obedece a una «vendetta».
El abogado de la acusación, sin embargo, ha remarcado no se trata de «un ajuste de cuentas sino de una exigencia de justicia» y que la prueba practicada demuestra la «veracidad de los hechos que se imputan al procesado, que «ha evitado el derecho a la contradicción» al haberse negado a responder a sus preguntas.
Entre otras cuestiones, ha alegado que no se respetó el «posible» acuerdo de 2009 porque la sentencia se recurrió y tampoco el acusado ha podido probar en la instrucción ni en el juicio que los 45.
000 euros los cobró en concepto de costas.
El letrado de los denunciantes ha hecho hincapié en que en 2023 Francisco P.
fue condenado por un delito societario y otro de apropiación indebida y fue absuelto de otro procedimiento relativo a la misma inmobiliaria, pero porque los hechos no encajaban en los delitos apreciados.
Las testificales, según Urbano, han mostrado que «no hay ningún rastro de ese acuerdo» y sus dos clientes han relatado ante el tribunal «cómo el acusado entorpeció» que pudieran conocer el estado de la inmobiliaria cuando falleció Calderín, y que no les facilitó el acceso a las cuentas.
Según Urbano, el acusado logró provocar el archivo de una ejecutoria que impidió el cobro de los casi tres millones y su actuación «representa una ataque frontal a administración justicia» y a sus representados y ha generado un perjuicio económico que ha llevado al «hundimiento empresarial» de Montecastillo.
EFEcda/jmr