Afirman que Protección a la Infancia retira «arbitrariamente» a menores de sus familias

Santa Cruz de Tenerife, 17 nov (EFE).

– La abogada Margarita López ha afirmado este martes que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno canario está dictando de forma desproporcionada resoluciones de desamparo de menores que, en su opinión, se están retirando «arbitrariamente» de sus familias.

Margarita López es abogada especializada en derecho de familia y protección de menores, con experiencia en infancia tutelada acogimiento, tutela administrativa y reintegración familiar, y ha relatado su experiencia en este ámbito en la comisión que estudia la pobreza infantil en Canarias en el Parlamento regional.

López ha relatado testimonios de letrados que están «muy hartos» con los incumplimientos de la citada Dirección General, en la que no hay «nadie que controle», ha asegurado, para añadir que la Fiscalía en este ámbito «es una figura decorativa» porque sólo entra en contacto con el menor el día de la vista, pero ni lo escucha ni estudia su situación.

A su juicio, hay que fomentar la prevención para evitar llegar a una resolución de desamparo que, en muchos casos, ha añadido, obedece a una situación de riesgo ante la que hay que aplicar un plan de intervención.

De su experiencia a diario en este ámbito ha señalado además Margarita López que ve la indefensión de muchas familias ante la administración pública y la justicia, pues pese a que en la legislación se indica que la pobreza de los progenitores no puede ser un indicador de desamparo, en la realidad no es así.

Hay una proporción extraordinariamente elevada de menores tutelados que proceden de familias con escasos recursos económicos y habría que preguntarse, ha planteado, hasta qué punto se protege a un niño al separarlo de su entorno familiar.

La separación de la familia se prevé en casos de drogadicción, mendicidad, malos tratos y desatención total de los menores pero en la práctica se está recurriendo a dictar resoluciones de desamparo por circunstancias económicas sin comprobar la situación y pese a que hay respuestas menos invasivas, ha añadido.

A su juicio, debería haber de forma obligatoria un representante legal especializado que acompañe a las familias en el momento de entrar en contacto con la administración, pues lo habitual es que no tengan información de lo que está sucediendo.

Margarita López también ha ahondado en la falta de revisión de las circunstancias familiares, como sucede cuando por ejemplo una madre que cría a su hijo sola consigue una vivienda adecuada, pero luego se encuentra con que nadie revisa la situación, la separación del menor se prolonga y los expedientes «se enquistan».

Ha pedido además que se evalúe el riesgo que sufren los menores que son separados de sus familias ante el convencimiento de que sufren un trauma, pues ha observando que muchos de estos niños son diagnosticados de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) al poco tiempo.

Durante el tiempo de tutela las visitas por parte de la familia son muy escasas, de una hora o dos a la semana, y terminan siendo una hora al mes y supervisadas, algo que hace imposible mantener el vínculo familiar, ha lamentado López, quien se ha preguntado además cuántos niños son finalmente reintegrados a sus familias, pues de su experiencia, ha añadido, son muy pocos.

También ha criticado, «le duela a quien le duela», la falta de especialización judicial en este ámbito, pues ha incidido en que los tribunales deben controlar si las decisiones de las administraciones se ajustan a derecho y responden al interés superior del menor pero, sin embargo, ha afirmado, tratan de una forma muy diferente a los menores que proceden de centros tutelados y al resto.

A esta situación se suma la «estigmatización» de un menor que ha sido tutelado y su familia por parte de la administración, ha señalado Margarita López.

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