Puerto del Rosario (Fuerteventura), 19 ene (EFE).
– Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) ha preguntado este lunes al Gobierno regional qué hará para defender la pesca artesanal de las islas ante la aplicación de la nueva normativa europea de control pesquero, aprobada en 2023.
AMF ha señalado en un comunicado que esta regulación, tal y como ha sido diseñada y trasladada a los estados miembros, no se adapta a la realidad de la pesca artesanal ni a las singularidades de los territorios insulares, como Fuerteventura y el conjunto de Canarias.
La formación majorera ha asegurado compartir los objetivos de sostenibilidad y control de los recursos marinos, así como la lucha contra la pesca ilegal.
Sin embargo, advierte de que la implantación práctica de esta norma impone nuevas obligaciones administrativas y tecnológicas que resultan desproporcionadas para la flota de bajura, poniendo «en riesgo su viabilidad económica y social».
La normativa refuerza los mecanismos de control y seguimiento de la actividad pesquera mediante un incremento de las exigencias de registro, trazabilidad y comunicación electrónica, extendiendo estas obligaciones a embarcaciones que hasta ahora quedaban al margen de este tipo de sistemas.
Este cambio, advierten desde AMF, supone una transformación profunda del trabajo diario en el mar, especialmente para la pesca artesanal, que opera con medios limitados y en condiciones que no siempre permiten cumplir con procedimientos pensados para flotas de mayor escala.
En Fuerteventura, esta normativa afecta de lleno a una flota claramente artesanal, formada por pequeñas y medianas embarcaciones repartidas entre puertos como Gran Tarajal, Corralejo, Morro Jable, Puerto del Rosario o El Cotillo, compuesta por barcos que faenan en jornadas cortas, con tripulaciones reducidas y bajo una fuerte dependencia de las condiciones meteorológicas.
Desde el partido majorero han señalado que la imposición de nuevas obligaciones técnicas y administrativas durante la faena complica el trabajo diario, incrementa los costes y expone a los pescadores a sanciones por errores formales que nada tienen que ver con malas prácticas.
La consecuencia inmediata, advierten desde AMF, es que muchas embarcaciones de la isla pueden ver comprometida su continuidad.
AMF se pregunta qué van a hacer las autoridades competentes para evitar que la pesca artesanal desaparezca por la vía administrativa y qué medidas concretas va a impulsar el Gobierno de Canarias para defender a su flota ante una aplicación que no tiene en cuenta la condición de región ultraperiférica.
También se cuestiona cómo se va a garantizar que el control no se convierta en un mecanismo de expulsión del sector y qué apoyos reales se van a ofrecer para que las pequeñas embarcaciones puedan adaptarse sin desaparecer.
AMF exige «una posición común y firme» en defensa de la flota pesquera insular, una iniciativa que reclame una aplicación flexible y adaptada de la normativa, medidas específicas para la pesca artesanal y el reconocimiento del valor económico, social y cultural de un sector esencial para la isla.
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