ANPE exige que la ley de atención a la diversidad contengan financiación específica

Las Palmas de Gran Canaria, 21 sep (EFE).

– El sindicato ANPE ha reclamado este lunes que la futura ley que regulará la atención a la diversidad y el bienestar del alumnado en el ámbito educativo no universitario de Canarias contenga dotaciones presupuestarias específicas y diferenciadas en cada ejercicio, con objetivos anuales.

En un comunicado, el sindicato con mayor representación en la educación pública no universitaria en las islas ha valorado que el Gobierno canario aborde por fin una regulación integral con rango de ley en esta materia, pero insiste en la necesidad de que se garanticen los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para hacerla efectiva.

La organización sindical señala que ha presentado una treintena de aportaciones al anteproyecto de ley y, en relación a la financiación, apunta que contiene un mapa canario de recursos, de una memoria económica y de una programación plurianual, pero «no concreta ni las anualidades, ni la distribución por islas, ni los mecanismos para comprobar si esa financiación llegará realmente a los centros».

Y, por ello, exige también que se publiquen de forma periódica los objetivos que se alcancen en cada curso escolar.

Así mismo, ANPE considera que la nueva ley no debe incrementar la carga de trabajo y la burocracia del profesorado, de los equipos de orientación y de los equipos directivos, por lo que demanda que toda la formación de carácter obligatorio derivada del desarrollo de la norma se realice dentro del horario laboral, con la correspondiente planificación de tiempos de coordinación y asesoramiento, y sin que ello suponga trabajo no reconocido para los docentes.

Además, reclama que la Administración fije plazos máximos y exigibles para responder a la falta de recursos en los centros, de manera que la escasez temporal de dotación no recaiga sobre los alumnos, las familias y los profesores.

Otra de las objeciones que plantea son las «indefiniciones terminológicas detectadas en el borrador del anteproyecto», que pide que se corrijan para evitar inseguridad jurídica en los equipos docentes, de orientación y directivos.

El sindicato hace hincapié en que se debe concretar una definición cerrada y unívoca de la terminología empleada en todo el texto legal con el fin de prevenir interpretaciones dispares del articulado.

Por otra parte, advierte de la falta de concreción sobre el futuro de los centros de educación especial.

El anteproyecto, según ANPE, anuncia una «reconversión» de estos centros en una disposición transitoria, pero ningún artículo desarrolla en qué consiste realmente ese proceso, mientras que otra disposición se limita a atribuirles una función adicional de «centro de recursos, asesoramiento, apoyo especializado, formación y colaboración con centros ordinarios».

El sindicato expone que esta «ambigüedad» puede generar incertidumbre entre familias y profesionales sobre el futuro de la red de centros educación especial en Canarias, por lo que insta al Gobierno a definir una regulación clara en este sentido, con la garantía explícita de que no se suprimirán plazas de educación especial mientras subsista la necesidad de esta modalidad de escolarización.

La organización cree «imprescindible» que el mapa canario de recursos parta de un diagnóstico real de las necesidades existentes y determine dónde deben crearse o reforzarse centros de educación especial, aulas específicas, unidades especializadas y modalidades combinadas.

Para el sindicato, la transformación del modelo no puede traducirse en la reducción de recursos especializados sin que exista previamente una alternativa suficiente, accesible y adecuadamente dotada para cada alumno que la necesite.

ANPE solicita, en sus aportaciones, que la ley garantice estructuras estables de coordinación interadministrativa, protocolos compartidos, responsables identificados, plazos de respuesta y los profesionales sanitarios y sociales que resulten necesarios, evitando que la falta de respuesta de otros departamentos termine trasladando a los centros educativos y a los docentes funciones que no les corresponden.

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