Las Palmas de Gran Canaria, 29 sep (EFE).
– El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Avello, reconoce que un desahucio como el de la anciana madrileña Maricarmen, expulsada del piso donde había vivido los últimos 70 años, «es una catástrofe», pero también el resultado de un procedimiento legal «seguido con todas las garantías».
«Tendrían que articularse mecanismos desde los poderes públicos para evitar una situación como esta.
Pero lo que también digo es que fue un procedimiento jurisdiccional seguido con todas las garantías, que la parte actora, el propietario, tenía su derecho y lo ejerció.
La otra persona se defendió.
Y hubo una resolución que se recurrió y que después había que ejecutar», ha señalado el magistrado.
Preguntado por el caso de Maricarmen antes del acto de apertura del Año Judicial en Canarias, el presidente del TSJC ha contestado que no conoce todos los detalles de ese pleito, pero ha recordado que los tribunales aplican la ley «independientemente de las circunstancias personales de cada uno».
«Para eso (para atender las circunstancias personales del afectado), están los servicios sociales y para eso están los poderes públicos, para garantizar el derecho que todos tenemos a una vivienda digna», ha remarcado Juan Avello.
El presidente del TSJC ha opinado que, «desgraciadamente», la consecuencia del litigio sobre la vivienda de Maricarmen «es indeseada para todos», pero en última instancia responde a «la aplicación de las normas, al Estado de Derecho».
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