Betancort suspende el pleno para aclarar cómo proceder con la moción del PP contra Sánchez

Arrecife (Lanzarote), 25 jul (EFE).

– El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort (CC), ha suspendido el pleno que iba a celebrar la corporación esta mañana para solicitar un nuevo informe jurídico sobre cómo proceder con la moción del PP, su socio de gobierno, para declarar persona non grata en la isla al presidente Pedro Sánchez que la junta de portavoces había decidido no tramitar.

La suspensión se produce tras la decisión adoptada por la junta de portavoces del Cabildo con los votos de CC, PSOE y grupo mixto de retirar del orden el día la moción del PP contra Pedro Sánchez, al estimar que la corporación no tiene competencias legales para declarar al presidente del Gobierno persona non grata en la isla.

Esta decisión se tomó al considerarse que la moción podría vulnerar los principios básicos de la legalidad administrativa y el respeto institucional, según un informe del secretario de la Corporación solicitado por Betancort (CC).

La decisión se tomó con el voto en contra de los populares, que pedía que se debatiera.

Tras la retirada, el Partido Popular emitió un comunicado en el que señalaba que iba a recurrir y a agotar las vías, tanto administrativa como judiciales e incluso la vía penal para que se incluyera ese punto del orden del día en el pleno ya que su retirada podría ser «constitutiva de una infracción grave conforme al artículo 542 del Código Penal» (donde se regulan las penas para el cargo público que, a sabiendas, impida el ejercicio de un derecho reconocido por la Constitución y las leyes).

Según han informado EFE fuentes de la corporación, también se ha registrado un escrito en el Cabildo dirigido al presidente en estos mismos términos.

Los populares piden que se mantenga la moción «aun a sabiendas de que el resultado del debate pueda dar lugar a un acuerdo que eventualmente pudiera considerarse nulo de pleno derecho».

El PP advierte de que Betancort, al retirar la moción podría incurrir en una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo por impedir el ejercicio de «derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes».

El grupo popular pedía que celebrara una junta de portavoces previa al pleno y que se suspendiera el pleno, como al final ha decidido Betancort.

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