Santa Cruz de Tenerife, 6 feb (EFE).
– Representantes de la Asociación de Bibliotecarios/as y Documentalistas de Canarias han exigido este viernes en el Parlamento regional que se cumpla la Ley de Bibliotecas, aprobada por unanimidad en 2019 y que empezó a desarrollarse en la pasada legislatura pero que ha sido abandonada en esta, según han denunciado.
«La situación es lamentable y se debe a la falta de compromiso de la administración pública, que no destina financiación suficiente ni implementa una planificación estratégica estructural y evaluable», ha denunciado la bibliotecaria Natalia Navarro Sosa en la Comisión de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura.
En esta comisión estuvo previamente la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, quien fue invitada a quedarse a escuchar la comparecencia de las representantes de la Asociación, pero se excusó porque nunca se suele quedar.
La presidenta de la Asociación de Bibliotecarios/as y Documentalistas de Canarias, Ángeles Domínguez Guerra, subrayó en su intervención «la imperiosa necesidad» de que se cumpla la Ley de lectura y bibliotecas de Canarias para que haya servicios bibliotecarios dignos en las islas y se respeten los derechos culturales de la ciudadanía.
«¿Qué valor real tiene una ley si no se aplica?», preguntó Ángeles Guerra a la comisión parlamentaria, y subrayó que el sistema de bibliotecas está gestionado sin rigor técnico, sin desarrollo reglamentario, sin formación profesional, con un mapa caducado y sin fiscalización, lo cual lo condena «a la obsolescencia y a la irrelevancia».
La Ley de Bibliotecas de Canarias es en el papel «una de las más avanzadas del Estado», con hitos como la obligatoriedad de que en cada municipio haya al menos una biblioteca pública, la dotación presupuestaria para su aplicación y la exigencia de estar dotadas con personal cualificado, destacó.
La bibliotecaria reconoció que durante la pasada legislatura «se pusieron los cimientos del sistema bibliotecario de Canarias, «pero con el nuevo Gobierno hemos vuelto a la casilla de salida», denunció.
El Plan de Lectura de Canarias 2023-2030 solo se ha desplegado de manera superficial, el Mapa de Bibliotecas de Canarias está desfasado y después de siete años de aprobada la ley no existe el reglamento de desarrollo, con lo cual la política bibliotecaria está «en un limbo normativo», continuó.
Tampoco se ha puesto en marcha el Plan de Desarrollo Profesional, publicado en enero de 2023, de manera que no hay formación a pesar de la alta rotación y la necesidad de actualización constante del personal bibliotecario.
«La dejadez de funciones alcanza su punto máximo en la inactividad del Consejo Canario de Lectura y Bibliotecas», que debe reunirse dos veces al año, pero que no se ha convocado desde febrero de 2023, expuso.
También está pendiente la implantación del servicio de inspección y evaluación de la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias, cuya función es garantizar la calidad del sistema.
La representante de los bibliotecarios instó al Gobierno de Canarias, a los ayuntamientos, responsables de la gestión de las bibliotecas municipales, y a los cabildos a colaborar para sacar a Canarias «del vagón de cola en hábitos de lectura y uso de bibliotecas».
Ángeles Domínguez Guerra explicó que otro problema añadido es que muchos edificios en los que se ubican las bibliotecas no cumplen la superficie mínima requerida, están mal zonificados, son poco accesibles y carecen de equipamiento adecuado.
«La situación es especialmente preocupante en municipios pequeños y zonas rurales, donde las bibliotecas a menudo son el único punto de acceso a la cultura y la información para la población», advirtió.
La ley obliga a que cada municipio tenga una biblioteca, pero eso no significa solo la existencia física de un espacio, sino que haya «estándares mínimos de personal, colecciones, servicios e infraestructura», exigió.
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