Santa Cruz de Tenerife, 17 mar (EFE).
– La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha presentado este martes al Consejo de Gobierno un diagnóstico sobre la situación y el estado de los servicios sociales en las islas, con vistas a elaborar un plan estratégico.
El informe, elaborado a partir de encuestas a usuarios y profesionales, indica que el 92,6 % de las personas usuarias de los servicios sociales en Canarias manifiesta altos niveles de satisfacción con la atención recibida, aunque reclama mejoras para reducir los tiempos de espera, la información y asesoramiento, y la burocracia administrativa.
Además, el 52 % considera suficientes los recursos destinados a resolver sus demandas, según este informe, elaborado entre mayo de 2024 y julio de 2025 en colaboración con la Universidad de La Laguna.
Candelaria Delgado ha explicado que se realizaron encuestas a personas usuarias de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, con un total de 691 participantes en 56 municipios, y al personal técnico de los servicios sociales municipales, con 258 profesionales de 77 municipios participantes.
También se han recogido valoraciones estratégicas sobre el sistema de expertos del sector.
El estudio muestra que un 30 % de la población canaria ha tenido contacto con el sistema público de servicios sociales y el 20 % ha sido beneficiaria directa.
La valoración media del sistema es positiva, especialmente entre quienes han utilizado los servicios, que le otorgan una puntuación de 6,56 sobre 10, frente al 5,8 de las personas no usuarias.
Sin embargo, el conocimiento de la normativa es limitado, ya que solo el 21,4 % de la población conoce la Ley de Servicios Sociales de Canarias y apenas el 8,7 % el Catálogo de Servicios y Prestaciones.
El análisis de fuentes secundarias también evidencia que la información disponible sobre el sistema es fragmentada y heterogénea, con escasez de datos a nivel municipal.
El personal técnico destaca que funciones como la información, orientación y valoración están consolidadas, pero existen carencias de recursos, especialmente humanos, que dificultan cumplir con los objetivos de la ley.
En cuanto a las necesidades sociales emergentes, el informe considera necesario reforzar la atención a problemáticas como la soledad no deseada, la salud mental y las adicciones.
Aunque la mayoría de las personas usuarias considera relativamente fácil obtener cita en los servicios sociales, se identifican diversas barreras de acceso, especialmente la brecha digital, las barreras físicas o arquitectónicas y los procedimientos burocráticos.
El informe señala que la infrafinanciación del sistema público de servicios sociales es una situación estructural, compartida con el conjunto del sistema español.
En Canarias, esta situación se refleja en un reparto desigual de recursos y en una carga financiera significativa para los municipios, que son el primer nivel de atención del sistema.
Entre los principales retos destacan la necesidad de aumentar la financiación, reforzar las plantillas profesionales, mejorar los sistemas de información y reducir la burocracia.
También se plantea la importancia de adaptar el sistema a nuevos desafíos sociales mediante un enfoque más preventivo, comunitario y coordinado entre administraciones.
El diagnóstico concluye que existe una brecha significativa entre el marco legal de los servicios sociales en Canarias y su aplicación efectiva en la práctica.
Aunque el sistema ofrece una atención valorada positivamente por la ciudadanía y cuenta con profesionales comprometidos, las limitaciones en recursos, planificación y coordinación dificultan garantizar plenamente los derechos sociales recogidos en la normativa.
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