Santa Cruz de Tenerife, 3 sep (EFE).
– El Cabildo de Gran Canaria y los grupos parlamentarios de PSOE y Nueva Canarias han expresado este jueves sus dudas sobre la sustitución de la autorización previa por una declaración responsable a la hora de abrir un centro sociosanitario.
Lo han hecho en la comisión de Cabildos en la que las corporaciones insulares han respaldado mayoritariamente, así como los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias, el decreto ley que incluye esta medida, así como otras fiscales y sobre la gestión de los fondos europeos Next Generation.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha sido la encargada de defender el decreto ley, que ha justificado en la necesidad de adaptar la normativa a «problemas reales que no podían esperar» y de «eliminar obstáculos en la actuación de la administración».
El bloque fiscal de este decreto introduce modificaciones para incorporar los biocarburantes a la normativa y dar un tratamiento homogéneo en el IGIC, el AIEM, el Impuesto sobre Combustibles y la exacción fiscal sobre gasolina y gasóleo de automoción.
Además, adapta a la doctrina del Tribunal Constitucional la regulación del tipo reducido de Actos Jurídicos Documentados aplicable a determinadas operaciones de las sociedades de garantía recíproca, suprimiendo el criterio de territorialidad como elemento determinante para su aplicación.
En cuanto a los fondos Next Generation, se da mayor flexibilidad a la tramitación de los gastos plurianuales y anticipados financiados con cargo a los mismos para evitar la pérdida de esta vía de financiación.
Sobre este particular, Candelaria Delgado ha garantizado que «no se relajan los controles», sino que se ajusta la normativa canaria al calendario nacional y europeo.
En cuanto al bloque de dependencia, la consejera ha recalcado que Canarias ha aumentado «extraordinariamente» su capacidad para el reconocimiento de las prestaciones, pero ahora se necesita que la oferta de plazas y de servicios «avance con más rapidez».
También en este punto ha asegurado que la sustitución de la autorización previa por la declaración responsable no implicará que haya «menos garantías», y ha recordado que en los convenios de dependencia firmados con los cabildos el 60% de los centros no disponen de acreditación, y que el objetivo es completarlas en 2029.
La mayoría de los representantes de los cabildos han trasladado su apoyo al decreto ley, excepción hecha de Isabel Mena (Gran Canaria) en su vertiente social, pues ha recalcado que «no es lo mismo una autorización previa», donde «se pide una documentación mínima» para abrir un centro o prestar un servicio, y una declaración responsable.
Mena se ha preguntado qué pasará cuando, por ejemplo, abra una residencia y comience a funcionar, y tiempo después se compruebe que no cumple con los requisitos exigidos, y si entonces los usuarios tendrán que regresar a sus casas.
Ha dicho que entiende «el fondo de la cuestión», que es el déficit de plazas sociosanitarias, pero lo que plantea el decreto ley del Gobierno «no va a la raíz del problema»: la incapacidad de garantizar seguridad jurídica a los usuarios y sacar la acreditación de servicios en unos «tiempos razonables».
El consejero de Educación y Juventud del Cabildo de Fuerteventura, Adargoma Hernández, ha trasladado el respaldo de la corporación insular al decreto ley, si bien ha advertido: «la rapidez» en la acreditación «no puede llevar a una falta de seguridad en las condiciones que deben cumplir los centros».
Con lo cual, ha añadido, «no se pueden repetir situaciones vividas en algunas residencias de mayores» que no cumplían con los requisitos, y ha demandado un refuerzo de los mecanismos de control.
La consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Ángeles Nieves Fernández, ha felicitado a la consejera Candelaria Delgado y a su equipo por su trabajo en materia de la dependencia y asegurado que la simplificación administrativa no llevará aparejara una merma en la calidad del servicio.
El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha indicado por su parte que la declaración responsable supone «un gran avance», si bien se necesita que el trabajo de inspección «funcione».
En cuanto a los grupos parlamentarios, Luis Campos (NC) ha subrayado que con la declaración responsable se le dará «carta de naturaleza» a aquellos centros sociosanitarios que vienen funcionando sin contar con la acreditación correspondiente y «se perpetúa sine die la falta de fiscalización, de control y de inspección».
Elena Máñez (PSOE) no ve «muy coherente mezclar fiscalidad, los fondos Next Generation y una modificación que no es menor ni meramente técnica» en materia de dependencia.
Ha advertido de que se generará «inseguridad» entre los usuarios de centros y servicios porque transcurrirá desde la apertura o puesta en funcionamiento un periodo mínimo de seis meses «sin que nadie compruebe si se cumplen los requisitos» exigidos.
El resto de representantes de los cabildos y de los grupos parlamentarios, menos Vox, que habla de «popurrí» y de «parche», han respaldado el contenido del decreto ley en todos sus términos.
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