Santa Cruz De Tenerife, 24 abr (EFE).
– El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes el proyecto de decreto del reglamento del Consejo Cartográfico de Canarias con el objetivo de impulsar este organismo público para incorporar más herramientas tecnológicas, aumentar su transparencia y unificar los criterios de uso para todas las administraciones de Canarias.
Esta propuesta de reglamento se remite ahora al Consejo Consultivo para ser analizada desde un punto de vista jurídico antes de su aprobación definitiva, ha especificado el Gobierno canario.
Así, el sistema, una vez actualizado, “permitirá a las administraciones tomar decisiones casi en tiempo real, con una base de datos permanentemente actualizada y desplegada en el territorio”.
El reglamento, elaborado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, ha sido sometido a la opinión del resto de departamentos del Ejecutivo autonómico, cabildos, ayuntamientos y universidades, entre otras entidades consultadas.
«Este documento supondrá un impulso al funcionamiento del Consejo Cartográfico, órgano asesor del Gobierno creado en 1994, cuyo objetivo es servir de apoyo en asuntos referidos a la planificación cartográfica y los sistemas de información geográfica», ha sostenido el Ejecutivo autonómico.
También ha detallado que este sistema requiere llevar a cabo una actualización, no solo desde un punto de vista tecnológico, sino en el ámbito de las normas europeas y estatales y las exigencias de transparencia que están presentes en las políticas públicas en la actualidad.
El consejero del área, Manuel Miranda, ha explicado que, por un lado, existe la necesidad de adaptar el sistema tanto a las nuevas posibilidades tecnológicas como a las normativas estatal y europea en la materia, y que esta adaptación tecnológica, “unida a la unificación de criterios, permitirá avanzar en lo que se denomina la interoperabilidad del sistema, es decir, que todas las administraciones puedan compartir información en los mismos términos y les sea igualmente útil”.
La otra línea de trabajo está vinculada a la transparencia y al acceso a los datos por parte de la ciudadanía.
“Además de garantizar un acceso universal a la plataforma, el sistema debe reflejar todas las políticas públicas proyectadas en el territorio y aportar seguridad jurídica a todos los operadores, incluyendo a la ciudadanía, lo que supone un salto de calidad trascendental respecto a la transparencia de los sistemas de información territorial», haa agregado el consejero.
EFEcmg