Arrecife (Lanzarote), 20 may (EFE).
– La empresa concesionaria del ciclo integral del agua en Lanzarote, Canal Gestión Lanzarote, ha informado a través de un comunicado que ha iniciado este miércoles los trámites legales para solicitar la resolución del contrato de concesión por causas que imputa al Consorcio del Agua insular.
Recientemente, el Consorcio del Agua anunció, a su vez, que iniciaba el procedimiento para la intervención cautelar del servicio que presta la empresa por “una perturbación grave, estructural y continuada del sistema”, así como que iniciaba la resolución del contrato.
Canal señala que, después de doce años prestando el servicio “en un escenario de hostilidad jurídica y técnica”, ha decidido adoptar esta decisión basándose en un análisis técnico-jurídico que identifica incumplimientos críticos y sistemáticos por parte del Consorcio.
Asegura la empresa que el Consorcio se comprometió contractualmente a ejecutar y financiar unas inversiones valoradas en 78,7 millones de euros, que no ha llevado a cabo.
“Este incumplimiento es todavía más notorio si se tiene en cuenta que Canal adelantó un canon de 50 millones de euros que el Consorcio destinó a fines ajenos al servicio, en lugar de aplicarlo a la renovación y ampliación de sus infraestructuras hidráulicas, como habría sido lógico habida cuenta de su deficiente estado de conservación inicial”, asegura la empresa.
“El inexplicable abandono de la inversión comprometida por parte del Cabildo de Lanzarote en su propia red ha supuesto una degradación de las infraestructuras del agua, en perjuicio tanto de los habitantes de la isla, como de la operación de Canal Gestión Lanzarote”, señala el comunicado.
Canal menciona “el bloqueo deliberado de la actualización tarifaria”.
Desde 2017, el Consorcio “ha eludido sistemáticamente la revisión de tarifas prevista en el contrato” pese a estar reconocida y amparada por sentencia judicial firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
“Esta situación -dice la filial de Canal de Isabel II- supone una vulneración flagrante de los derechos del concesionario, y le ha generado a la compañía un déficit superior a los 40 millones de euros, que es una cantidad que el Cabildo en todo caso va a tener que abonar a Canal, a la vista de los pronunciamientos judiciales”, sostiene.
Por otra parte, la empresa dice que el Consorcio del Agua ha impuesto modificaciones contractuales, “incluidas órdenes de obras de carácter unilateral, que han alterado de forma arbitraria las condiciones esenciales de la adjudicación realizada a Canal Gestión Lanzarote en 2013”.
Estas novaciones habrían superado el umbral permitido por la Ley de Contratos del Sector Público y se habrían efectuado “obviando los procedimientos legalmente establecidos”, asegura.
Además, la empresa de aguas considera que la intervención cautelar del servicio acordada por el Consorcio “supone un agravio enorme e injustificado, teniendo en cuenta que Canal Gestión Lanzarote se ha comprometido por encima de sus obligaciones contractuales mientras que el propio Consorcio ha desatendido sus deberes más básicos como órgano de contratación y como titular de las infraestructuras hidráulicas”.
Además de la resolución del contrato, Canal Gestión Lanzarote ha solicitado la compensación de todos los perjuicios económicos que estas actuaciones le generen.
“Esta situación se entiende sin perjuicio de cualesquiera otras actuaciones que resulten necesarias para preservar los recursos económicos y el buen nombre de la compañía”, finaliza el comunicado.
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