Santa Cruz de Tenerife, 25 ago (EFE).
– El Gobierno de Canarias ha advertido este martes de las dificultades para garantizar los derechos de los migrantes, especialmente de los menores y personas vulnerables, con la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, después de que un informe del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE) califique este reto como un “desafío monumental”.
El Ejecutivo autonómico, en una nota, ha señalado que las conclusiones del ECRE coinciden con las preocupaciones que viene planteando sobre la aplicación del nuevo pacto en territorios fronterizos como Canarias y ha reclamado más solidaridad, financiación y participación de las regiones que gestionan directamente las llegadas migratorias.
El informe, elaborado tras una visita del ECRE a Canarias el pasado enero, advierte de que los procedimientos acelerados y fronterizos previstos por la normativa europea pueden tensionar la capacidad de acogida y las garantías procesales, especialmente en el caso de menores y personas con necesidades especiales.
El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, ha sostenido que el pacto necesita “más solidaridad, mayor financiación, protección real a los menores” y que tenga en cuenta la dimensión atlántica de la migración, además de dar voz a las regiones frontera en la toma de decisiones.
“Quienes gestionamos el reto migratorio en primera línea debemos participar de las decisiones”, ha afirmado Caraballo, quien ha señalado que los primeros meses de aplicación del pacto y la situación registrada en Ceuta muestran, a juicio del Ejecutivo canario, que el actual marco “no es la respuesta más adecuada” para afrontar de forma global las crisis migratorias.
El Gobierno de Canarias comparte además la recomendación del ECRE de agilizar los traslados de migrantes desde las islas a la península para evitar que la presión sobre los sistemas de acogida se concentre de forma desproporcionada en los territorios fronterizos y que las personas permanezcan durante largos periodos en situaciones de incertidumbre.
Entre las principales preocupaciones del Ejecutivo figura la posibilidad de que, con el Reglamento de Triaje, los migrantes permanezcan en Canarias hasta seis meses, frente al aproximadamente mes que permanecían antes de la entrada en vigor del pacto.
“No podemos convertir al archipiélago en un territorio de espera e incertidumbre para quienes llegan huyendo de una situación difícil”, ha señalado Caraballo.
El ECRE también ha detectado dificultades en el acceso temprano a información sobre el derecho de asilo, cuellos de botella para formalizar las solicitudes, problemas en los servicios de interpretación y desigualdades en las condiciones de acogida de los menores no acompañados, ha manifestado el Gobierno regional.
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