Las Palmas de Gran Canaria, 29 may (EFE).
– El Gobierno de Canarias destinará 6,1 millones de euros a dos nuevos programas de justicia juvenil con sendas asociaciones que buscan reforzar la atención educativa, terapéutica, social y familiar que se presta a menores sometidos a medidas judiciales, con una vigencia de dos años.
En un comunicado, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha destacado que estos convenios, publicados este viernes en el Boletín Oficial de Canarias, permitirán ejecutar medidas como libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, asistencia a centro de día, permanencias de fin de semana en domicilio y tratamientos ambulatorios de carácter psicológico y psiquiátrico.
Los acuerdos se han formalizado con la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial y con la Asociación Opción 3, y tendrán vigencia desde el 1 de junio de 2026 hasta el 31 de mayo de 2028.
Para la primera de las entidades se destinarán 2.
681.
542,55 euros para la ejecución de medidas judiciales en Gran Canaria.
Mientras, para Opción 3 se van a dedicar 3.
438.
969,22 euros, principalmente en Tenerife y en programas especializados de violencia filioparental en Gran Canaria y el resto de islas no capitalinas.
La directora general de Infancia, Sandra Rodríguez, ha destacado que con estas colaboraciones se puede «consolidar un sistema de justicia juvenil orientado a la reeducación, la integración social y la protección integral de la infancia y adolescencia, bajo mecanismos permanentes de supervisión, control e inspección» por parte del Ejecutivo autonómico.
«Se trata de seguir reforzando un modelo en el que prima el trabajo para que los y las menores se reintegren en sus familias y tengan oportunidades de futuro, que no queden marcados de por vida por comportamientos disruptivos que pueden haber sido propiciados por entornos poco favorecedores», ha asegurado Rodríguez.
Entre ambos convenios se habilitarán más de 500 plazas simultáneas de atención en medio abierto para menores y jóvenes con medidas judiciales, incluyendo recursos especializados en atención terapéutica, intervención familiar, formación e inserción sociolaboral, ha precisado Bienestar Social.
Uno de los aspectos más relevantes de ambos acuerdos es el refuerzo de los programas especializados en violencia filioparental, incorporando a su vez servicios terapéuticos y socioeducativos específicos para menores y familias afectados por situaciones de violencia en el ámbito familiar.
Asimismo, ambos convenios incluyen programas de acompañamiento y apoyo terapéutico para jóvenes y familias una vez finalizada la medida judicial, con el objetivo de consolidar los procesos de reinserción social, prevenir recaídas y reforzar el acompañamiento educativo y emocional.
Los equipos profesionales adscritos a estos recursos estarán integrados por personal especializado en intervención socioeducativa, psicología, salud mental, inserción laboral y mediación intercultural, garantizando una atención individualizada y coordinada con los recursos educativos, sanitarios y sociales del entorno, concluye el comunicado del Ejecutivo regional.
EFEcas