Las Palmas de Gran Canaria, 23 jun (EFE).
– El Gobierno de Canarias ha promovido un pacto social por la movilidad sostenible con el objetivo de transformar el transporte de un servicio condicionado por la rentabilidad económica a un derecho ciudadano que garantice igualdad de oportunidades, según ha afirmado este martes la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández.
«Hasta ahora estábamos viendo la movilidad como un servicio que había que cubrir, donde se miraba una rentabilidad económica concreta, donde si había personas suficientes se recogía y, si no, se retiraba una línea, y hoy lo que venimos a presentar aquí es un compromiso que va mucho más allá, que ese servicio se convierta en un derecho», ha declarado a los periodistas Fernández.
La directora general ha explicado, en el acto de firma del compromiso con fundaciones, asociaciones y representantes del sector profesional, que la iniciativa busca trascender varios mandatos, porque «nada de esto es posible hacerlo en cuatro años», y asentarse como un acuerdo a largo plazo, respaldado por la sociedad y el tejido económico, más allá de los cambios políticos.
«Somos perfectamente conscientes de que tener opciones de movilidad es tener oportunidades de vida.
Que tu código postal no te comprometa o no te impida acceder a un médico, a un trabajo, a unos estudios o a simplemente conocer el pueblo vecino», ha manifestado al defender que la conectividad «no es ajena a la innovación y al desarrollo».
El pacto se articula en un decálogo de objetivos que no sustituye a la futura Ley de Movilidad Sostenible de Canarias, actualmente en trámite, sino que pretende dotarla de respaldo social.
Entre sus ejes figuran la consolidación de la gratuidad del transporte público como medida estructural; la erradicación de la «pobreza del transporte», que condiciona a aceptar un puesto de trabajo o formarse; la colaboración público-privada, y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
«De nada sirve poner soluciones de movilidad, si no lo haces con la gente a la que le tiene que servir», ha dicho Fernández al señalar que la futura ley de movilidad canaria –que también forma parte del decálogo del pacto– ha dedicado un título entero a la participación ciudadana.
Fernández ha subrayado que la gratuidad del transporte ha demostrado ser una medida «de éxito» en términos sociales, económicos y medioambientales, y ha defendido una financiación estable que evite su renegociación anual.
En este sentido, ha apuntado al Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO-FCPJ), creado por la Ley de Movilidad Sostenible (Ley 9/2025) como una oportunidad para garantizar recursos suficientes, teniendo en cuenta las singularidades del archipiélago.
La directora general ha señalado que, de cara a defender el uso de ese fondo para la gratuidad del transporte público en Canarias, este pacto «lo que nos va a dar son razones», porque «no se trata de siete cabildos y un Ejecutivo presentando documentos económicos de por qué esta medida ha resultado ser un éxito y que la mantengan; se trata de una sociedad que explica cómo esta medida, entre otras muchas que se tienen que tomar, hace que el territorio sea más justo».
Fernández ha adelantado que la futura ley autonómica, la primera de este tipo en Canarias, ha superado ya el trámite previo en la comisión de secretarios generales y podría llegar al Consejo de Gobierno en las próximas semanas, antes de su remisión al Parlamento regional.
Entre los contenidos de la norma, la consejera ha citado la apuesta por la intermodalidad tierra-mar-aire y la red ferroviaria prevista para Gran Canaria y Tenerife, la creación de un laboratorio permanente de movilidad como órgano destinado a impulsar proyectos piloto, entre otras funciones; la reducción de los trámites burocráticos, el uso de la tecnología y la gestión de datos para la toma de decisiones y el fomento de la cooperación entre municipios.
La directora general ha defendido a Canarias «como referente de movilidad sostenible» y ha destacado que sus singularidades, que a menudo suponen una desventaja por su condición de territorio ultraperiférico y fragmentado, la convierten en un territorio «ideal» para ser un «laboratorio vivo», innovar y ser líderes en movilidad.
EFEmrgz/cas