Santa Cruz de Tenerife, 22 sep (EFE).
– El Gobierno de Canarias, a través de su consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha vuelto a reclamar este martes un plan nacional sobre inmigración y participar en las mesas de coordinación.
«Queremos ser mesa, no queremos ser menú», ha proclamado Barreto en el pleno del Parlamento de Canarias, en el que ha comparecido a petición de CC y PP para informar sobre las medidas de coordinación entre los gobiernos central y autonómico para afrontar una situación de crisis fronteriza.
Todo ello a raíz de la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta a finales de julio; «una invasión en toda regla» según Mónica Muñoz, que ha exigido la defensa de las fronteras «con anticipación, información, medios y una política exterior firme».
Jonathan de Felipe (CC) le ha preguntado a la consejera si España y Canarias «están preparadas para defender la integridad territorial», actuando «con cabeza pero con firmeza», ya que las fronteras «no solo se defienden con vallas», y si todo esto forma parte de «una guerra híbrida».
En vista de lo sucedido en Ceuta y de los informes de inteligencia que apuntan a un repunte migratorio en las islas, el Gobierno de Canarias se pregunta «¿qué hemos aprendido y cómo saber que en una situación similar su frontera está garantizada?», ha reflexionado Barreto, quien ha admitido preocupación por saber qué medidas está adoptando el Gobierno al respecto.
La consejera de Presidencia ha insistido en que España necesita un plan nacional de respuesta ante la inmigración porque «no saber quién coordina y aporta los recursos siempre es un problema», y también en reclamar su participación en las mesas de coordinación.
Así se lo ha trasladado por carta remitida el pasado 11 de septiembre al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la que le pide una comisión bilateral y también le pregunta si se han implementado medidas extraordinarias, sin que por el momento haya habido respuesta.
Barreto ha esgrimido que en esas mesas, «Canarias puede aportar su experiencia acumulada» en la gestión de crisis migratorias, sobre cómo dar una respuesta «lo más digna posible» pese a tener los centros saturados, y ha reivindicado el papel de esta comunidad en la reforma de la Ley de Extranjería de la que hoy se beneficia Ceuta.
Sobre la situación en esta ciudad autónoma, ha opinado que de haber aplicado el Gobierno de España las medidas contempladas en el plan de adaptación al Pacto Europeo de Migración y Asilo, como reforzar las fuerzas y cuerpos de seguridad y formación para los triajes, quizá la respuesta a la crisis habría sido distinta.
Mónica Muñoz (PP) ha opinado que «el problema no es lo que pasó» en Ceuta sino lo que hizo el Gobierno de España «antes y después» de esa llegada masiva de migrantes.
Todo esto, ha proseguido la diputada popular, deja «una lección que no debemos ignorar», y es que Canarias no se puede resignar a «tener que improvisar» ante un episodio similar, que por la condición archipielágica «multiplicaría las dificultades».
«No queremos preguntar después dónde estaba el Estado sino preparar la respuesta antes», ha aseverado Muñoz, quien ha pedido «no confundir» la defensa de los derechos humanos con el hecho de que «la solidaridad necesita orden, capacidad y la obligación del control de las fronteras».
«Que nadie lo olvide nunca: proteger a Canarias es proteger a España», ha añadido.
Jonathan de Felipe (CC) ha pedido debatir sobre esta cuestión «con seriedad y rigor» en un momento en el que «a la política le sobran insultos, palabras gruesas e intrusismo profesional en teatros y circos».
Ha indicado que la defensa de la integridad territorial «no va en contra de la defensa de los derechos humanos», porque «ante todo tenemos que ser humanos», pero «con firmeza y cabeza» en un contexto geopolítico cambiante, donde «algunos países se saltan a la torera» la legislación internacional y «presumen» de ello.
En este contexto, ha ahondado, «no podemos prescindir de ningún país de nuestro entorno» para, por ejemplo, «combatir la Yihad», pero esto no quiere decir que «hay que pasar por el aro en todo», y ha pedido lanzar «un mensaje de firmeza absoluta» de que «la integridad territorial no está en la mesa de debate».
Raúl Acosta (AHI) ha llamado a prepararse para «responder» ante una situación similar a la de Ceuta, «una agresión a la integridad territorial por parte de un vecino, sea intencionada o no, un ataque híbrido u organizado por colectivos civiles».
Ha rememorado que desde 1994 Canarias ha recibido a un cuarto de millón de personas migrantes y se ha preguntado: «¿quién nos dice que no es una táctica para desestabilizar un territorio?», al tiempo que ha advertido de las «pretensiones expansionistas» de Marruecos.
Jesús Ramos (ASG) ha criticado que el Plan África dedique cuatro menciones a Canarias siendo frontera exterior y ha opinado que los informes de inteligencia que se conocieron tras la entrada masiva en Ceuta «son lo suficientemente importantes para exigir explicaciones y garantías de que no vuelva a suceder».
Paula Jover (Vox) se ha preguntado «qué más se necesita» para aplicar una política de inmigración que controle las fronteras, y ha recriminado al Gobierno de Canarias sus «medidas nefastas» que están provocando «más efecto llamada y más muertes», y que en los barrios, «los vecinos estén montando patrullas ciudadanas».
Luis Campos (NC) ha asegurado que «tras lo de Ceuta está Marruecos» y que más adelante ya se verá «su nivel de participación: si orquestar, dirigir, favorecer o mirar para otro lado», y ha opinado que es una consecuencia de la «cesión en posiciones históricas» sobre el Sahara tanto de Pedro Sánchez como de Fernando Clavijo en su primer viaje institucional al país alahuí.
Porque «por la vía de los hechos se allana el camino hacia el otro gran objetivo de ese gran Marruecos: el Sahara, Mauritania, parte de Mali y de Argelia, Ceuta, Melilla y Canarias».
Nira Fierro (PSOE) ha pedido «un plus de responsabilidad» en este tipo de debates y ha recalcado que por encima de otras consideraciones están los derechos humanos.
Ha admitido que en Ceuta «se pudieron hacer mejor las cosas, es evidente», y que dejó lecciones para el futuro.
EFEjmor/acp