Las Palmas de Gran Canaria, 6 jun (EFE).
– El Gobierno de Canarias publicará una guía de buenas prácticas a partir de las aportaciones realizadas por el medio centenar de organizaciones sociales que participaron este jueves en Madrid en la jornada ‘Niños y niñas que migran solos: una responsabilidad compartida’ celebrada en MadridLas entidades sociales, administraciones públicas y organizacione internacionales, como ACNUR, que participaron en el encuentro coincidieron en la urgencia de reforzar la colaboración como condición imprescindible para facilitar el traslado solidario de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas y garantizar su plena integración social, precisa el Ejecutivo, en un comunicado.
Tras una mesa redonda en la que se abordó la situación de la acogida, los asistentes se organizaron en siete grupos de trabajo para abordar las cuestiones clave del sistema de protección.
En esos espacios de reflexión se trató el acceso al procedimiento de asilo y la protección internacional, la atención específica a niñas supervivientes de violencia de género, víctimas de trata y del colectivo LGBTIQ+, la salud mental y la reparación del daño, así como los distintos modelos de acogimiento (residencial, familiar o por reunificación) y la realidad de la infancia separada.
También se analizaron los procedimientos de determinación de la edad y la situación administrativa de los menores, los retos en la transición a la vida adulta y las alternativas residenciales y sociolaborales, así como los mecanismos de coordinación interinstitucional y el reparto de menores entre territorios, en el marco de la reciente reforma de la Ley de Extranjería y de los últimos autos del Tribunal Supremo sobre los niños que piden asilo.
En total, participaron más de 90 personas en estos espacios de diálogo, precisa el Gobierno de Canarias.
En todas las mesas se insistió en que la gestión de la infancia migrante debe ser compartida entre todas las administraciones, y se citó de forma reiterada como ejemplo de buena práctica la respuesta articulada que se dio a la llegada de población desplazada por la guerra en Ucrania.
Las entidades señalaron que es urgente trasladar ese modelo de cooperación eficaz al contexto actual de llegada de menores migrantes no acompañados de países como Mali, Senegal, Mauritania o Marruecos.
Una de las acciones que consideraron fundamental en la atención a estos niños y niñas es dotar al sistema de protección de menores de recursos económicos y humanos suficientes como para prestar una atención individualizada.
Asimismo, instaron a las administraciones a acordar un sistema de indicadores único que permita identificar las vulnerabilidades de la infancia migrante y actuar sobre ellas.
Entre las propuestas más concretas, se subrayó la necesidad de aplicar perspectiva de género y de infancia en las distintas fases del sistema de protección, reconociendo las dificultades específicas que enfrentan las niñas migrantes y su exposición a violencias múltiples en su proceso migratorio.
También se reivindicó un cambio de las prácticas de determinación de la edad, con enfoque garantista y verdaderamente respetuoso con los derechos de la infancia.
«El trato no siempre es el correcto, porque no es amigable.
Es importante, igualmente, dar formación no solo a los técnicos de las áreas de infancia de las distintas administraciones, sino a las fuerzas y cuerpos de seguridad», recalcaron algunos de los representantes de las organizaciones del tercer sector.
Para abordar los problemas de salud mental que afectan a los niños y niñas migrantes no acompañados, las entidades participantes subrayaron la importancia de incorporar un enfoque transcultural en las intervenciones, así como de utilizar herramientas lúdicas y adaptadas a sus realidades como vía para facilitar la expresión emocional y la reparación del daño.
Entre las propuestas concretas planteadas, destacó la creación de unidades móviles de atención en salud mental, que permitan llegar a los menores allí donde se encuentren.
Asimismo, se insistió en la necesidad de aumentar la disponibilidad de intérpretes y mediadores culturales, y de garantizar un acompañamiento jurídico especializado durante todo el proceso de atención y protección.
EFEjmr