Las Palmas de Gran Canaria, 27 oct (EFE).
– El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha defendido la actuación del Gobierno de Canarias en la tramitación de la declaración de la capital grancanaria como zona tensionada y ha cuestionado los plazos del procedimiento afirmados por la alcaldesa.
Suárez ha manifestado este martes en un comunicado que el Ejecutivo autonómico «está cumpliendo con la ley y garantizando la transparencia y la participación ciudadana» en un expediente que ha considerado «de enorme transcendencia» para el futuro de la vivienda en la ciudad.
El portavoz nacionalista sostiene que la alcaldesa, Carolina Darias (PSOE), «no es fiel a la verdad» porque contabiliza el inicio del procedimiento desde la aprobación de un acuerdo plenario municipal, y ha precisado que «una moción o un acuerdo político no equivalen por sí solos a la presentación de una solicitud formal de inicio de un expediente administrativo».
«Un acuerdo plenario puede manifestar una voluntad política, pero no sustituye los requisitos administrativos y documentales exigidos para solicitar formalmente la declaración de una zona tensionada», ha matizado.
Según ha explicado, las primeras actuaciones municipales se remontan a mayo de 2024, pero la solicitud formal para declarar zona tensionada no se presentó hasta el 20 de enero de 2025 y la documentación remitida por el Ayuntamiento tuvo que ser subsanada en dos ocasiones antes de completarse el 12 de marzo de 2026.
Suárez ha recordado que el Gobierno de Canarias requirió información adicional al consistorio los días 6 de noviembre de 2025 y 13 de febrero de 2026 y ha asegurado que el propio Ayuntamiento solicitó una ampliación de plazo para completar el expediente.
Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo autonómico consultó al Ministerio de Vivienda para aclarar cuestiones sobre la aplicación de la Ley estatal de Vivienda y sobre la administración competente para establecer el procedimiento de declaración de zonas tensionadas.
Según ha añadido, el Ministerio confirmó que corresponde a las comunidades autónomas desarrollar ese procedimiento, respetando los requisitos fijados en la legislación estatal, entre ellos el trámite de información pública.
El portavoz de CC ha defendido que el expediente se encuentra actualmente en fase de información pública para que ciudadanos y colectivos puedan presentar alegaciones.
Igualmente ha insistido en que, una vez concluido este periodo, la Administración autonómica estudiará las alegaciones, recabará el informe municipal previsto en la normativa y continuará con los trámites legalmente establecidos antes de adoptar una resolución definitiva.
Suárez también ha rechazado las críticas de Darias por las que, según ha indicado, responsabiliza al Gobierno de Canarias de que Las Palmas de Gran Canaria haya quedado fuera de determinadas ayudas estatales en materia de vivienda.
El edil ha señalado que el procedimiento todavía no ha concluido y el propio Ayuntamiento necesitó más de un año desde la presentación formal de su solicitud para completar la documentación requerida.
Finalmente, ha reclamado coordinación entre administraciones para afrontar los problemas de acceso a la vivienda, que «exige soluciones urgentes», aunque ha subrayado que cualquier medida debe adoptarse «con el respeto a la legalidad, la seguridad jurídica y los derechos de participación de la ciudadanía».
«Los problemas de acceso a la vivienda no se solucionan buscando culpables ni generando enfrentamientos institucionales.
Se solucionan trabajando, colaborando y cumpliendo la ley», ha concluido Suárez.
EFEmrgz/cda