Las Palmas De Gran Canaria, 29 jul (EFE).
– CC ha anunciado este miércoles que votará en contra de la propuesta del grupo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria (PSOE, Podemos y NC) de transformar el organismo autónomo de la Agencia Local Gestora de la Energía (ALGE) en una entidad pública empresarial (EPE) y ha exigido que se retire.
El portavoz municipal de CC, David Suárez, ha explicado en un comunicado que se opone a la creación de una empresa por entender que «llega tarde, incumple acuerdos plenarios y nace con cifras desactualizadas».
Suárez ha recordado que durante el mandato anterior el pleno del Ayuntamiento aprobó la extinción de la Agencia Local Gestora de la Energía, acuerdo respaldado precisamente por los partidos que integran el gobierno municipal pero que nunca llegó a ejecutarse.
«Resulta difícil explicar que quienes votaron a favor de su desaparición ahora pretendan convertir la Agencia en una empresa pública sin justificar qué ha cambiado, por qué incumplieron aquel acuerdo plenario y por qué los ciudadanos deben confiar ahora en un proyecto completamente distinto», ha afirmado.
Para Suárez, «la política energética municipal ha sido un cúmulo de improvisaciones y rectificaciones durante todo el mandato».
«Han pasado más de tres años sin mover un solo papel para impulsar la política energética de la ciudad y han perdido oportunidades para desarrollar comunidades energéticas, fomentar el autoconsumo o reducir la factura eléctrica municipal», y «en la recta final del mandato, presentan una empresa pública como si fuera la solución a todos los problemas»Suárez ha indicado que el Ayuntamiento ya disponía de un instrumento público para operar en el mercado energético a través de Geursa, que contaba con autorización como comercializadora eléctrica y «no han sido capaces de mantener activa esa herramienta», a la que el Ministerio para la Transición Ecológica ha retirado esa autorización «por inactividad», ha recalcado.
«Ese fracaso evidencia, precisamente, por qué genera tantas dudas que ahora pretendan crear otra estructura pública aún mayor», ha apuntado.
Según el portavoz de CC, el proyecto además se sustenta en una memoria económico-financiera elaborada en julio de 2024, con previsiones que comenzaban en 2025, mientras que el propio acuerdo fija el inicio real de la actividad de la EPE para el 1 de enero de 2027.
«No se puede aprobar en 2026 una empresa pública que empezará a funcionar en 2027 con un plan económico pensado para arrancar dos años antes.
Los costes, los precios de la energía, el personal y la financiación tienen que actualizarse antes de pedirnos el voto», ha advertido.
Suárez ha recordado que ese modelo económico prevé que los ingresos propios de la entidad pasen de 44.
200 euros en 2025 a cerca de 1,5 millones de euros en 2034, gran parte procedentes de la venta de excedentes fotovoltaicos, pero el expediente «no concreta qué cubiertas municipales están realmente disponibles, qué instalaciones tienen proyecto o autorización ni cuándo estarán operativas»El documento contempla además una aportación inicial del Ayuntamiento de 3,66 millones de euros, con necesidad de financiación municipal adicional durante los primeros ejercicios.
«Antes de votar necesitamos conocer el coste máximo real para las arcas municipales y no confiar en previsiones de ingresos que nadie puede garantizar», ha reclamado Suárez, quien ha añadido que las dudas no son exclusivamente políticas.
El informe de la Secretaría General del Pleno advierte de la ausencia del proyecto de precios exigido legalmente, reclama un estudio de mercado sobre competencia, rentabilidad y demanda que no figura en el expediente, cuestiona la fundamentación jurídica utilizada para justificar la transformación y exige concretar con mayor detalle las potestades administrativas de la futura entidad, ha apuntado CC en su comunicado.
EFEcda/pcr