Las Palmas de Gran Canaria, 5 jun (EFE).
– En base a las novedades que se han conocido en los últimos días sobre el denominado ‘caso Valka’, Coalición Canaria ha reclamado este viernes al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que revise de oficio los expedientes urbanísticos y las actuaciones administrativas en las que haya podido intervenir el excoordinador de Urbanismo José Manuel Setién.
En un comunicado, la formación nacionalista ha tachado de «extraordinariamente grave» que Setién, investigado en la causa, pudiera acceder de forma clandestina en la intranet municipal y que pudiera haber usado esta información reservada para asesorar a terceros, tal y como se ha publicado en medios.
En palabras del concejal de CC en el Ayuntamiento, David Suárez, estos hechos, si se confirman, «ponen en solfa la totalidad de la política urbanística de la ciudad y generan una lógica preocupación ciudadana».
Para Suárez, el grupo de gobierno (PSOE, NC y Podemos) «no puede limitarse a decir que colabora» con la autoridad judicial, y tiene que ir más allá y ordenar «con carácter inmediato» una revisión de oficio de todas las actuaciones urbanísticas que pudieran estar bajo sospecha para garantizar a la población «que ninguna decisión urbanística de la ciudad ha sido contaminada por accesos indebidos».
En ese sentido, desde la formación han reclamado que esa revisión incluya todos los expedientes citados o vinculados en los informes policiales, así como cualquier actuación urbanística en la que aparezcan comunicaciones, consultas, accesos informáticos, informes, asesoramientos o intermediaciones atribuidas a Setién tras su jubilación o durante su etapa como responsable de Urbanismo.
«Cuando se habla de una estructura paralela de influencia sobre el urbanismo de la capital, lo mínimo que debe hacer el gobierno es reconocer que los controles fallaron», ha subrayado Suárez.
Quien ha asegurado que la actitud municipal ante estos hechos «ya no es sostenible», lamentando que hasta ahora se ha actuado «tarde», por lo que ha exigido un «cambio radical de actitud» del grupo de gobierno.
«No basta con parapetarse en la presunción de inocencia, que por supuesto debe respetarse.
La presunción de inocencia opera en el ámbito penal, pero no impide que una administración revise sus expedientes, refuerce sus controles y dé explicaciones políticas a la ciudadanía», ha apuntado Suárez.
CC ha ido más allá al afirmar que la preocupación no se limita solo a Geursa -empresa pública municipal de Urbanismo-, sino que también ha recordado la investigación en marcha por la Sociedad de Promoción y que Turismo LPA «ha tenido que afrontar una situación gravísima que ha puesto en cuestión sus mecanismos internos de control».
«La acumulación de casos en sociedades municipales y áreas estratégicas no puede despacharse como una casualidad», ha censurado el edil nacionalista, quien ha llamado a la alcaldesa, Carolina Darias, y a su concejal del ramo, Francisco Hernández Spínola, a que pasen «de las palabras a los hechos» y asuman que «algo ha fallado».
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