Las Palmas de Gran Canaria, 27 mar (EFE).
– El comité de empresa y de huelga de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), de la que depende el 112 y el Servicio de Urgencias Canario (SUC), ha alertado este viernes de que la seguridad en Canarias depende de una plantilla cuyos derechos se vulneran.
Así lo ha afirmado en un comunicado el portavoz del comité en Las Palmas, Andrés Hernández, del sindicato CCOO, quien ha resaltado el contexto de precariedad en el que la plantilla del 112 abordó la gestión de los más de 1.
800 incidentes registrados por la reciente borrasca Therese en el archipiélago.
«Una cifra que se multiplica si se tiene en cuenta el volumen total de llamadas y operaciones realizadas, una carga que fue asumida por un personal bajo mínimos, en huelga y con sus condiciones laborales deterioradas», ha asegurado.
El representante sindical destaca la profesionalidad del personal, que ha garantizado en esta coyuntura adversa la seguridad de la ciudadanía «gracias a su esfuerzo y pese a su incertidumbre laboral y maltrato institucional».
La representación sindical sostiene que la falta de personal, arrastrada desde los despidos de 2012, sigue condicionando la respuesta ante emergencias, por lo que para afrontar el impacto de la reciente borrasca se activó a personal «vulnerando los descansos», se incorporó a trabajadores de oficina a las salas operativas y se realizaron jornadas que alcanzaron las doce horas.
Además, denuncia que parte del personal acudió a trabajar pese a tener autorización de ausencia, apelando únicamente a su sentido del deber.
Los comités consideran que el nuevo sistema de trabajo propuesto por la empresa «genera descoordinación y falta de información entre los distintos recursos» y defienden «el modelo actual, basado en la coordinación directa desde las salas del 112, que consideran más eficaz».
Los representantes de los trabajadores también consideran «paradójico que el Gobierno de Canarias haya elogiado la coordinación del dispositivo durante la borrasca», cuando «la realidad interna del servicio es la de un sistema al límite», por lo que subrayan que «no se puede sostener un servicio esencial en estas condiciones de precariedad y promesas incumplidas».
Por ello, anuncian que agotarán todas las vías de negociación y judiciales «para exigir mejoras estructurales y el cumplimiento de los acuerdos» y avisan de que «no permitirán que la seguridad en Canarias siga dependiendo del sacrificio de una plantilla cuyos derechos continúan siendo vulnerados».
EFEpcr/cda