Las Palmas de Gran Canaria, 19 dic (EFE).
– La empresa Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) ha pedido este viernes al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria la nulidad de la resolución de Puertos Canarios para que desaloje el Puerto de Santa Águeda (Gran Canaria) y la suspensión inmediata de sus efectos hasta que se produzca una sentencia firme.
Según ha informado la compañía en un comunicado, la actuación de Puertos Canarios, al promover el desmantelamiento de un puerto industrial de estas características, en el que se desarrolla una actividad estratégica desde hace 70 años, mientras continúa el proceso judicial vivo y existe una sentencia estimatoria de las pretensiones de la cementera, representa «una temeridad inexplicable».
Destaca que la resolución de Puertos Canarios es «frontalmente contraria» al fallo de la sentencia dictada en primera instancia por el citado juzgado, que anulaba la desestimación de la solicitud de concesión de Ceisa y ordenaba retrotraer las actuaciones administrativas para volver a tramitar un nuevo expediente conforme a Derecho.
Además, la sentencia se complementó con un auto de aclaración que recogía que la cantera, la fábrica y el puerto «son un todo indivisible y necesario para que Ceisa pueda desarrollar su actividad».
La ejecución de la resolución administrativa comportaría la paralización completa o prácticamente total de la actividad industrial de Ceisa, al afectar directamente al núcleo logístico y productivo de la empresa, según advierte en el comunicado.
Así mismo, destaca que el puerto de Santa Águeda tiene un tráfico de casi medio millón de toneladas al año y es la vía exclusiva de entrada de materias primas esenciales para la fabricación de cemento y la puerta de salida del producto terminado a otras islas del archipiélago.
Según Ceisa, la decisión de Puertos Canarios promueve actuaciones «irreversibles y extremadamente gravosas» para la empresa, como la demolición de las instalaciones de un puerto industrial plenamente operativo.
Añade que «lo más inaudito es que, en caso de confirmarse la sentencia estimatoria, habría que volver a reconstruir o reinstalar todo lo previamente demolido, generando una duplicación absurda de costes y un despilfarro económico que supera los 38 millones de euros».
A esta cifra habría que sumar otro tipo de perjuicios de interés general, pues la actuación de Puertos Canarios compromete el suministro de un producto estratégico en el archipiélago, el empleo de calidad de cientos de trabajadores, la estabilidad del sector de la construcción y la coherencia de las propias políticas públicas de sostenibilidad.
La pérdida del puerto industrial implicaría el traslado de materias primas y producto terminado por carretera, con un incremento de la huella de carbono de más de 3.
000 toneladas anuales de CO2 transportadas mediante camiones pesados (casi 100 camiones por día), señala la nota.
No obstante, la compañía tiene plena confianza en la justicia y espera que la decisión judicial se resuelva con la celeridad suficiente para evitar que el daño sea irreversible.
EFEcda/pcr