Las Palmas de Gran Canaria, 13 oct (EFE).
– Colectivos y profesionales de las artes escénicas, productoras y gestoras culturales han denunciado el «impago y la violencia institucional» en los que entiende que ha incurrido la Concejalía de Igualdad de las Palmas de Gran Canaria al deberles «miles de euros» desde 2024.
Como han denunciado en un comunicado, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de la capital grancanaria «debe miles de euros a distintas profesionales autónomas de Gran Canaria desde 2024», a pesar de que la legalidad establece un plazo de 30 días naturales para pagar.
El Ayuntamiento, «paradójicamente, a través de su Concejalía de Igualdad, se permite el lujo de saltarse la ley y dejar a varias profesionales, mujeres, autónomas y locales sin cobrar sus honorarios por los servicios prestados», versa la nota.
En la recta final de 2025, las empresarias afectadas han hecho público «el maltrato recibido por dicha Concejalía, que ha estado dando largas durante meses a distintas trabajadoras autónomas, que mes a mes se ven obligadas a hacer frente a cuotas elevadísimas, trimestrales e impuestos varios» por trabajos que «no han sido remunerados» y que fueron encargados por este departamento en 2024.
Las firmantes, entre las que figuran profesionales de las artes escénicas, productoras y gestoras culturales y cineastas y actrices, concretan que se trata de acciones realizadas en el 25N, día contra la violencia contra las mujeres, o en campañas de Navidad, entre otras.
A pesar de las «buenas intenciones en las que se pudieran enmarcar estas contrataciones», los hechos posteriores «reflejan una alarmante falta de responsabilidad institucional, incumplimiento de la ley y una grave situación de violencia administrativa» hacia trabajadores de la producción cultural y comunitaria, entienden.
En el caso del 25N, para llevar a cabo la actividad y ante la «imposibilidad» de contar con una previsión de fondos por parte del Ayuntamiento, «la productora asumió, junto a una segunda entidad colaboradora, la totalidad de los gastos que implicaba el evento», denuncian, tales como seguridad, ambulancias, equipos de sonido, generadores eléctricos, o personal técnico.
«Casi un año después, las facturas correspondientes siguen sin ser abonadas», además de que «no se ha ofrecido fecha de pago, ni información clara sobre su estado» y la Concejalía de Igualdad afirma «no tener margen de maniobra».
Las firmantes denuncian que la respuesta institucional ha sido «la opacidad y el silencio», mientras «las consecuencias de esta inacción han sido directas, como el endeudamiento, la precarización y el desgaste emocional para mujeres emprendedoras que realizan su trabajo responsablemente».
Esta «parálisis» revela «un profundo desajuste en la gestión de recursos públicos y una falta de sensibilidad institucional con quienes sostienen gran parte del tejido cultural y social de la ciudad», aseveran.
Por ello, denuncian lo que valoran como un acto de «violencia institucional por inacción y dejadez» y exigen «una solución inmediata, el pago urgente de las facturas pendientes y un compromiso real con las condiciones laborales de quienes sostienen los proyectos de igualdad desde el terreno».
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