Santa Cruz de Tenerife, 14 abr (EFE).
– El Tribunal Superior Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado los recursos presentados por los dos condenados a once años de cárcel por el intento de asesinato con alevosía durante el desalojo de una vivienda ocupada en el sur de Tenerife.
Los procesados no podrán acercarse a menos de medio kilómetro a la víctima durante diez años tras salir de prisión y deben pagar 250.
000 euros por las graves lesiones sufridas por el denunciante y otros 1.
000 a su hija, más la cantidad que se fije por las secuelas psíquicas.
Los condenados alegaron, según la sentencia hecha pública este martes, falta de pruebas, que la pena se basara en el testimonio de las víctimas y que no hubo intención de acabar con la vida de los denunciantes, cuestiones que han sido rechazadas por el TSJC.
La sala avala las conclusiones de la Audiencia Provincial tinerfeña y considera que contaron con las suficientes pruebas y testimonios durante la celebración del juicio que avalan la condena.
La sentencia relata que los dos encausados sobre las ocho de la noche del 14 de febrero de 2023 se pusieron de acuerdo y de forma agresiva acudieron al encuentro de la víctima cuando salía de una vivienda ocupada en Arona, llevando una barra o un objeto contundente de hierro.
Según la sentencia, con este instrumento golpearon de forma súbita en la cabeza del agredido y cuando cayó al suelo, sin poder defenderse, continuaron pegándole con fuerza, tanto con la mano como con las piernas y le agarraron con fuerza el cuello.
Como consecuencia, el hombre sufrió lesiones que consistieron en varias fracturas en la cabeza, golpes en el costado para cuya curación precisó ser operado y sometido a rehabilitación y tardó do 732 días en curarse, aunque aún padece debilidad en el brazo derecho y algunas cicatrices.
La hija recibió un fuerte golpe en el hombro izquierdo cuando intentó detener la agresión y si bien no requirió tratamiento médico ni quirúrgico, tardó 20 días en curarse, además de secuelas psicológicas y psiquiátricas.
El motivo del ataque, según las investigaciones de la guardia civil, tendría su origen en que los acusados pretendían desalojar y controlar el inmueble para su propio uso o el de terceros.
Los dos acusados fueron identificados sin ningún género de dudas por los agredidos a través de fotografías, ruedas de reconocimiento o en el juicio, a la vez que el teléfono de uno de ellos lo ubica en ese lugar y hora y el del otro permanecía apagado.
La hija recuerda que aquel día su padre mantuvo una breve conversación con ambos fuera de la casa, que estaban furiosos, que uno de ellos llevaba un hierro en la mano, que fue el que primero lo golpeó aunque luego lo hicieron los dos a la vez, que intentaron asfixiarlo y se detuvieron cuando apareció quien gestionaba la vivienda.
La investigación determinó que tras la agresión estaría un grupo de personas que controlaban viviendas ocupadas por la que llegaban a pagar 300 euros mensuales sin descartar que se utilizaran métodos violentos en su desalojo.
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