Santa Cruz De Tenerife, 7 oct (EFE).
– La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha pedido a los servicios jurídicos de la institución que analicen el alcance de la providencia del Tribunal Supremo por la que inadmite el recurso de la corporación sobre uno de los cuatro proyectos que componen el Circuito del Motor.
Rosa Dávila ha afirmado este miércoles en rueda de prensa que el Cabildo va a actuar «desde el máximo respeto a la legalidad y también desde el máximo respeto desde el punto de vista ambiental», por lo que es preciso conocer cuál es la opinión de los servicios jurídicos respecto a las actuaciones que debe llevar a cabo.
En una providencia dictada el pasado 30 de septiembre la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó no admitir el recurso de casación interpuesto por el Cabildo de Tenerife contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que confirmaba que la declaración de impacto ambiental del proyecto de los graderíos estaba caducada.
Esta decisión del TS es firme y ha llevado al Cabildo de Tenerife a suspender el contrato relativo a las instalaciones desmontables para este fin ya que, ha aseverado Rosa Dávila, es importante poder actuar «en un marco de seguridad jurídica para la isla».
Ha recordado que el expediente sobre este proyecto proviene del anterior gobierno socialista al frente del Cabildo de Tenerife, que entendía que la declaración de impacto ambiental no había caducado, y «nos correspondió a nosotros heredar esta situación».
Al respecto, el vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha precisado que la suspensión no equivale a rescindir el contrato, pero la actual situación jurídica es un hecho sobrevenido que afecta a su objeto, por lo que ha llamado a ser prudentes respecto a las actuaciones que pudieran derivarse de este contexto judicial.
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