Puerto del Rosario (Fuerteventura), 25 sep (EFE).
– La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha realizado este viernes una visita a la granja avícola de la Asociación de personas con Discapacidad de Fuerteventura (Adisfuer), en Puerto del Rosario donde ha puesto en valor el trabajo de integración social que realiza la asociación desde hace más de tres décadas.
De León ha estado acompañada por la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), María Teresa Ortega, y el subdirector de Promoción de Economía Social y Emprendimiento del SCE, Francisco Santana, según ha informado el Gobierno canario en un comunicado.
La granja avícola de Adisfuer, cuya producción alcanza los 12.
000 huevos al día, está integrada dentro del Centro Especial de Empleo (CEE) de Iniciativa Social de la asociación, cuyo objetivo principal es garantizar un trabajo productivo, remunerado y adecuado a las características de personas trabajadoras con discapacidad en Fuerteventura, facilitando su integración laboral en el mercado ordinario.
En la actualidad, el CEE Adisfuer cuenta con una plantilla de más de 40 trabajadores que realizan labores tanto en la granja avícola, además de prestar servicios en trabajos de limpieza o de apoyo en instalaciones deportivas de titularidad pública, entre otras.
Durante el encuentro, Jéssica de León ha reafirmado el compromiso de la Consejería con estos centros, que promueven tanto la inclusión social como laboral en el archipiélago.
En este sentido, ha destacado que el Servicio Canario de Empleo destina 12,5 millones de euros a la financiación de los costes salariales y de la Seguridad Social del personal con discapacidad que ejerce sus funciones en centros especiales de empleo, así como al mantenimiento de sus unidades de apoyo a la actividad profesional.
También ha destacado la labor normativa que está llevando a cabo el departamento regional para regular la calificación e inscripción de este tipo de entidades en Canarias.
En ese sentido, De León ha recordado que la Consejería tramita un proyecto de decreto para actualizar el marco regulador, cuya normativa vigente data de 1986, y prevé que se apruebe entre finales de 2026 y principios de 2027, con el objetivo de adaptarlo a la realidad actual del sector.
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