Santa Cruz de Tenerife, 20 may (EFE).
– La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha dicho este martes que fue su departamento el que comunicó a la Fiscalía la posible comisión de delitos en un centro para menores de migrantes en Gran Canaria.
Candelaria Delgado ha explicado que su departamento trasladó a la Fiscalía testimonios de niños que estaban en el centro, así como informes de pediatras que los han atendido, y ha añadido que, al tratarse de posible delitos se envió la información a los juzgados para se iniciase la investigación.
Una investigación por la cual el lunes la Policía Canaria ha detenido a nueve empleados del centro conocido como La Fortaleza I, como posibles responsables de delitos de lesiones, amenazas y contra la integridad moral.
La consejera ha indicado que los menores han sido trasladados a otros centros de Gran Canaria, una vez que La Fortaleza I ha sido cerrado de forma cautelar, y ha añadido que no hay constancia de que la empresa que lo gestionaba, Quórum 77, supiese lo que ocurría en él, por lo que no se ha puesto en tela de juicio su trabajo.
Candelaria Delgado ha insistido en que para llegar a esta situación favorece la tensión que hay en los centros de acogida, ya que muchos de ellos han superado sus capacidades, por lo que ha vuelto a exigir que se aplique la ley y el gobierno central y el resto de comunidades autónomas cumplan con lo acordado en el Congreso de los Diputados.
La presión migratoria impide encontrar suficientes profesionales formados para atender a los menores, ha asegurado la consejera.
El centro en el que ha intervenido la policía autonómica está en el municipio Santa Brígida, y antes se utilizaba para menores sujetos a medidas correctivas judiciales, pero ahora servía como hogar para niños y adolescentes llegados en patera.
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