Las Palmas de Gran Canaria, 14 ene (EFE).
– El movimiento social Derecho al Techo, que asiste en Canarias a personas afectadas por desahucios y dificultades para acceder a una vivienda, ha rechazado el nuevo decreto del Gobierno de España sobre el mercado del alquiler, ya que considera que «no es suficiente y no es justo».
En un comunicado, esta plataforma reconoce las medidas anunciadas por el Gobierno «buscan aliviar» el mercado del alquiler, pero opina que tienen un «enfoque» que «vuelve a cargar la crisis de vivienda sobre quienes ya la están sufriendo y evita afrontar el problema de fondo».
Derecho al Techo cree que la bonificación del 100 % del IRPF a aquellos caseros que renueven contratos sin subir el precio y la delimitación del alquiler por habitaciones «no resuelven los alquileres desorbitados y la inexistencia de un parque público suficiente que garantice el derecho a la vivienda», cuando «existen miles de viviendas cerradas para especular».
Es una medida fiscal, opina este colectivo, que «solo beneficia a los rentistas y especialmente a los grandes tenedores».
Esta lógica «ya está recogida en la Ley de Vivienda estatal, cuya aplicación efectivamente permitiría limitar precios en zonas tensionadas y controlar a los grandes propietarios», pero que «comunidades autónomas como Canarias, entre otras, se niegan a implementar», subraya.
El resultado, a su juicio, «es el mismo, se protege la rentabilidad privada mientras se frena cualquier intervención efectiva sobre el mercado».
Para Derecho al Techo, esta política «premia a los rentistas», con una bonificación fiscal que «equivale a una ayuda pública directa a quienes ya obtienen ingresos por alquiler, generalmente en una posición económica más sólida que la mayoría de la población que vive de alquiler».
Este colectivo juzga «inaceptable» que «el dinero público se utilice para mejorar la rentabilidad privada mientras no se garantiza el acceso a una vivienda digna para quienes la necesitan».
Derecho al Techo rechaza el decreto porque no atiende «a una dinámica especulativa estructural que convierte la vivienda en mercancía antes que en derecho humano».
En este línea, demanda más vivienda pública y la intervención pública directa para estabilizar precios y reducir el poder de los grandes tenedores, con medidas estructurales entre las que apuesta por el «control efectivo de precios, penalización de viviendas vacías, freno al turismo especulativo y a los fondos buitre, limitación del acaparamiento por grandes tenedores y un plan masivo de vivienda pública y social».
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