Las Palmas de Gran Canaria, 20 oct (EFE).
– Drago Canarias sostiene que los 88 municipios de las islas cumplen, al menos, con uno de los requisitos para ser declarados zonas tensionadas y permitir que se apliquen en ellos la medidas previstas en la Ley de Vivienda, como el tope al precio de los alquileres.
En un comunicado, Drago explica que esa es la conclusión de un informe elaborado por su Bloque de Análisis Territorial y Sostenibilidad a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, el ISTAC y el Consejo General del Notariado.
Este estudio examina la situación de la vivienda de cada municipio del archipiélago, uno a uno, cruzando los datos disponibles con los criterios incluidos en la Ley de Vivienda para declarar zonas tensionadas.
En concreto, la Ley de Vivienda estatal establece dos criterios por los que un municipio puede solicitar la declaración de zona tensionada y «resulta suficiente que se cumpla uno de ellos para que el municipio pueda solicitar al Gobierno de la comunidad autónoma esta declaración».
El primero de los criterios corresponde al esfuerzo económico del hogar y requiere que el coste medio de la hipoteca o del alquiler, sumado a los gastos, supere el 30 % de la renta media del municipio.
El segundo criterio se refiere a la evolución de los precios de la vivienda con respecto al IPC, para observar si el de la compra o el alquiler han subido más de un 25,3 % en los últimos cinco años.
En Canarias, advierte Drago, «hasta 42 municipios cumplen los dos requisitos y los 46 municipios restantes cumplen al menos uno de los dos criterios», lo que significa que la «emergencia habitacional» en cada uno de los municipios canarios es «lo suficientemente grave» como para aplicar este instrumento previsto en la legislación estatal.
La portavoz nacional de Drago, Carmen Peña, defiende que «son datos objetivos, no es rebatible: Canarias entera debería ser declarada zona tensionada».
Por ello, opina que «aquellas instituciones que no hayan dado los pasos para declarar sus municipios como zonas tensionadas son responsables directa de la falta de vivienda que sufre la población canaria».
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