Santa Cruz de Tenerife, 9 nov (EFE).
– El Gobierno de Canarias ha tipificado como conducta muy grave el uso de la inteligencia artificial en el entorno escolar para dañar la integridad y la dignidad de cualquier miembro de la comunidad educativa, incluida la creación o difusión de contenidos falsos o manipulados.
El decreto de convivencia escolar y bienestar del alumnado, publicado este lunes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y que entrará en vigor el 29 de noviembre, establece además como conductas muy graves la suplantación de identidad y la grabación o difusión sin autorización de imágenes de integrantes de la comunidad educativa.
En cuanto a los móviles, incumplir de forma puntual las restricciones del centro se considera una conducta leve siempre que ese uso respete los datos personales, la intimidad y la dignidad de los demás, pero el incumplimiento reiterado se califica como grave.
El decreto establece que los centros deberán habilitar canales seguros y accesibles para que el alumnado pueda comunicar posibles casos de acoso o ciberacoso con garantías de confidencialidad.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que conozca una posible situación de este tipo deberá comunicarla al equipo directivo o a la persona que coordine el bienestar del alumnado y cuando se active el protocolo el centro deberá informar de inmediato a la Inspección de Educación.
El decreto también crea el Observatorio Canario para la Convivencia Escolar como órgano consultivo.
Las nuevas normas para regular la convivencia escolar y promover el bienestar en el ámbito educativo sustituyen a las que estaban vigentes desde 2011.
Si bien mantiene los principios de respeto, participación y resolución pacífica de conflictos presentes en la regulación anterior, desarrolla un enfoque que vincula expresamente la convivencia con el bienestar, la inclusión y la protección frente a conductas contrarias a la convivencia, de acuerdo con la Consejería de Educación.
El decreto presta especial atención no solo al acoso y al ciberacoso en el ámbito escolar, sino también a la violencia machista.
También actualiza los derechos y deberes de la comunidad educativa y recoge la condición del profesorado como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.
Entre las actuaciones previstas se encuentran la mediación escolar, las prácticas restaurativas, el apoyo entre iguales, las tutorías afectivas y otras estrategias dirigidas a prevenir conflictos y favorecer su resolución educativa.
La norma incorpora previsiones específicas para la intervención con alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a alteraciones emocionales y de conducta, con el fin de ajustar las respuestas a las circunstancias individuales y favorecer la coordinación entre los equipos docentes, orientación educativa y las familias.
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