Santa Cruz de Tenerife, 6 nov (EFE).
– El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (CC-PP) ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra la inclusión del monumento a Franco en el catágolo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y su orden de retirada en un plazo de seis meses.
En ese recurso contencioso-administrativo, al que ha tenido acceso EFE, el Consistorio que preside el nacionalista José Manuel Bermúnez considera contraria a derecho la decisión tomada este verano por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para incluir en ese catálogo al ‘monumento a la Victoria’, conocido también como monumento del Ángel, y solicita su suspensión cautelar.
La letrada del Ayuntamiento expone en su recurso que «concurren los requisitos necesarios para considerar que la ejecución material de la resolución conlleva un perjuicio irreparable o de muy difícil reparación».
Así, señala que la retirada del monumento conlleva la realización de obras de «gran envergadura, que no solo supondrán importantes molestias para la ciudadanía por los cortes de tráfico que implicaría y por el «cambio radical» que afectará a la fisonomía de la ciudad, que hacen «imprescindible la replanificación del espacio en que se ubica la fuente y la implantación de los elementos que sustituyan al conjunto monumental».
Además, alega que el desmantelamiento y almacenaje del monumento supone un elevado coste económico, que deberá ser asumido por la tesorería municipal.
El Ayuntamiento advierte también de que es preciso considerar el «riesgo de derrumbe» del muro de contención del acuartelamiento de Almeyda y que determina la necesidad de afrontar nuevas obras, por lo que recalca que las actuaciones a llevar a cabo «son de tal magnitud que difícilmente podrían ser revertidas», en caso de que se dicte una sentencia estimatoria del recurso.
Así mismo, sostiene que el desmantelamiento del monumento implica el despiece e intervención técnica «irreversible» de la escultura de Juan de Ávalos, formada por diversas piezas ensambladas, lo que causaría caños estructurales, materiales y estéticos en la obra que serían de «imposible reparación».
El Consistorio concluye que el despiece y confinamiento de una obra de estas características equivale a decretar su «ruina técnica y destrucción material, desvirtuando por completo el concepto legal de ‘depósito y custodia’ que exige la preservación del bien».
A juicio, debe prevalecer el interés en la conservación del conjunto monumental, ya que, como reconoce la propia resolución recurrida y el informe en el que se basa, cuenta con «indudables valores artísticos, técnicos, compositivos y urbanos», pues se trata de la única obra en Canarias de Juan de Ávalos, un autor que fue de las «figuras más relevante de la escultura española del siglo XX».
En cuanto a la valoración paisajística y urbana, el Ayuntamiento mantiene que el monumento se integra en el trazado urbano histórico de la ciudad desde 1966 y supone un «hito de referencia orientativa reconocible por varias generaciones».
Su emplazamiento, añade, es anexo a una fortificación histórica (Fuerte de Almeyda) cuya lectura conjunta podría quedar alterada con la retirada de uno de sus elementos.
El Ayuntamiento también alega que no se han tenido en cuenta las razones artísticas y arquitectónicas para su conservación, con «independencia de su origen propagandístico», pues sostiene que se vulnera «la clara voluntad del legislador de proteger aquellas obras de singular valor artístico, con independencia de su contexto fundacional».
Las resoluciones tampoco han tenido en cuenta, en su opinión, que está en tramitación su incorporación en el Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife ni su valor arquitectónico como muro de contención del cuartel de Almeyda.
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