Santa Cruz de La Palma 6 nov.
(EFE).
– El Cabildo de La Palma ha reafirmado su defensa del trabajo conjunto entre administraciones en el proceso de reconstrucción tras la erupción del Tajogaite y ha destacado el valor de la Ley de Volcanes de Canarias, una norma que busca ofrecer cobertura legal y protección ante emergencias de este tipo.
Durante el pleno insular, el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, subrayó que la coordinación institucional ha sido clave desde el inicio de la crisis volcánica, cuando “existía un vacío normativo que obligó a actuar mediante distintos decretos para poder avanzar y tomar decisiones”.
Estas declaraciones se produjeron en el debate, y posterior rechazo con los votos del Grupo de Gobierno formado por CC y la abstención del Grupo Popular de la moción presentada por el Grupo Socialista, que solicitaba la creación de un protocolo insular específico.
Rodríguez reconoció “la buena voluntad detrás de la propuesta”, pero advirtió de que aprobar mociones que replican acuerdos ya existentes “supondría aportar descoordinación al trabajo que ya se ha hecho”.
El presidente insular defendió que el esfuerzo conjunto realizado desde 2021 ha culminado en la aprobación de la Ley de Volcanes, avalada por unanimidad en el Parlamento de Canarias el pasado 24 de septiembre.
Esta norma, nacida como Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por los afectados del Tajogaite, establece el marco de actuación para futuras emergencias y la fase de reconstrucción, incorporando según el presidente insular, las propuestas planteadas por el PSOE.
En relación con las ayudas por pérdidas materiales, el Cabildo aclaró que las compensaciones percibidas por los damnificados no son subvenciones, sino indemnizaciones reguladas por una orden vinculada a la Ley de Protección Civil.
Rodríguez precisó que dicha normativa impide la difusión de datos personales sobre los beneficiarios, por lo que la institución “debe actuar conforme a la legalidad vigente”.
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