Santa Cruz de Tenerife, 9 sep (EFE).
– El Gobierno de Canarias aspira a elevar hasta unas 10.
000 viviendas al año la capacidad de construcción, tanto pública como privada, en las islas, frente a las alrededor de 4.
000 levantadas en 2024 y 5.
000 en 2025, para responder a una demanda que cifra en unas 125.
000 viviendas.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha comparecido este miércoles en el pleno del Parlamento canario a petición de la diputada de CC Socorro Beato para abordar las conclusiones del estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acerca de la transformación urbanística del suelo para vivienda.
Rodríguez ha considerado insuficiente esa evolución en la construcción anual de viviendas, pero ha defendido que los avances demuestran un cambio de tendencia, si bien aún se está lejos de las 35.
000 que, según ha recordado, se llegaron a construir cada año antes de la crisis de 2008.
“No tenemos ni el mismo tejido industrial ni la misma mano de obra” que durante la burbuja inmobiliaria, ha incidido Rodríguez, quien ha afirmado que la capacidad productiva se ha multiplicado por cuatro pero necesita seguir creciendo.
Así, Rodríguez ha sostenido que la emergencia habitacional no responde a una única causa, ni exclusivamente a la disponibilidad de suelo o de presupuesto, sino a la combinación de numerosos factores, entre los que ha citado la rigidez del planeamiento, la lentitud en la concesión de licencias y el exceso de trámites, como señala el estudio.
Ha admitido, en cualquier caso, que un estudio del Observatorio Canario de la Vivienda concluyó que existe suelo público y privado suficiente para atender la demanda, pero ha advertido de que los plazos administrativos retrasan las promociones y terminan repercutiendo en su precio final.
El consejero ha defendido además que la solución no puede pasar únicamente por construir vivienda pública, sino por incrementar tanto la oferta protegida como la vivienda en general, dado que el problema afecta, ha dicho, no solo a jóvenes o colectivos vulnerables sino al conjunto de la población.
Ha citado entre las medidas adoptadas por el Gobierno los decretos de emergencia habitacional para facilitar la transformación de suelo y de edificaciones existentes y agilizar licencias, aunque ha admitido que “no es suficiente” y ha reclamado modificaciones en normativa básica estatal, como la legislación del suelo.
Rodríguez ha añadido que el aumento de la oferta debería acompañarse de otras medidas, entre las que ha vuelto a plantear la limitación de la adquisición de segundas residencias por extranjeros no residentes.
En el turno de réplica, la diputada del PSOE Patricia Hernández ha rechazado que el debate pueda centrarse en la disponibilidad de suelo y ha recalcado que el propio diagnóstico manejado por el Gobierno identifica capacidad para levantar unas 125.
000 viviendas, en 41.
800 solares disponibles de suelo urbano consolidado.
Hernández ha cuestionado además que el Ejecutivo vuelva a señalar problemas de tramitación cuando previamente había defendido que medidas como la Ley del Suelo, los cambios de uso o la agilización de licencias permitirían resolverlos.
A su juicio, ni la falta de suelo ni la Ley de Contratos explican por sí mismas que no se esté construyendo la vivienda necesaria y ha atribuido parte del problema a las prioridades políticas de las administraciones.
Por Nueva Canarias, Carmen Hernández ha afirmado que la principal discrepancia de su formación con el Ejecutivo parte de considerar la vivienda “un derecho básico” que debe quedar fuera de la lógica especulativa del mercado, de modo que ha acusado al Gobierno de legislar “a favor de la especulación” sin conseguir resolver la emergencia habitacional, y ha señalado que la lista de demandantes continúa creciendo.
Nueva Canarias ha reclamado políticas como programas de alquiler seguro, medidas contra la retención especulativa de vivienda y suelo y mayores recursos económicos para las políticas públicas de vivienda, y ha considerado que Canarias ha perdido “más de tres años” buscando, a su juicio, responsabilidades fuera de la comunidad autónoma.
Paula Jover, de Vox, ha centrado su intervención en lo que considera un exceso de regulación, impuestos e intervencionismo sobre el mercado de la vivienda, y ha defendido que el Ejecutivo autonómico dispone todavía de margen para actuar desde la fiscalidad.
La diputada ha atribuido parte de las dificultades para producir vivienda a los costes, los obstáculos asociados al suelo y la “excesiva regulación”, y ha criticado asimismo las políticas que, a su juicio, favorecen la ocupación ilegal.
Socorro Beato, de CC, ha defendido que el informe de la CNMC coincide con problemas que Canarias viene analizando desde hace años y ha destacado que no basta con conocer cuánto suelo existe, sino que hay que atender a los costes y tiempos necesarios para convertirlo en vivienda.
Ha enumerado entre los obstáculos señalados por la CNMC el planeamiento rígido, las duplicidades administrativas, las demoras en licencias y la falta de medios de algunas administraciones, y ha considerado que el estudio permite evaluar tanto las reformas emprendidas por Canarias como las que todavía quedan pendientes.
Por el PP, Jennifer Curbelo ha compartido el diagnóstico de una “superregulación urbanística” y ha defendido simplificar procedimientos y eliminar duplicidades que retrasan la incorporación de suelo al mercado.
A su juicio, el exceso de trabas puede incluso favorecer comportamientos de retención de suelo, y ha considerado que, tras años de endurecimiento normativo para evitar errores urbanísticos del pasado, “nos hemos pasado de frenada”.
Por último, los representantes de ASG y AHI han coincidido en la necesidad de agilizar los instrumentos de planeamiento y reducir la burocracia, aunque han pedido adaptar las soluciones a las distintas realidades insulares.
Raúl Acosta (AHI) ha advertido además de que territorios como El Hierro presentan un mercado inmobiliario y una disponibilidad de iniciativa privada muy diferentes a los de las grandes áreas metropolitanas, por lo que ha reclamado flexibilidad para que los municipios con reto demográfico puedan responder a sus necesidades específicas.
EFEcmg/jmor