Santa Cruz de Tenerife, 13 oct (EFE).
– El Gobierno de Canarias ha exigido al ejecutivo español que movilice todos los recursos necesarios para proceder al traslado a la península de los menores migrantes llegados a las islas, en particular de los solicitantes de asilo, que son competencia del Estado y de los que han salido 182, mientras que están pendientes 1.
164.
A este ritmo, el Gobierno de España tardaría «trece meses y dos semanas» en cumplir el auto del Tribunal Supremo, que le dio diez días para asumir a los menores en situación de protección internacional, ha denunciado el portavoz del ejecutivo regional, Alfonso Cabello, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
En este Consejo de Gobierno se ha decidido reforzar los recursos humanos de la Consejería de Bienestar Social y de la Consejería de Presidencia para «acelerar la resolución en tiempo y forma» de los expedientes de los menores que han de ser trasladados a la península, tanto los que están vinculados al sistema de asilo como los que deben repartirse en otras comunidades por la contingencia migratoria declarada en Canarias tras la modificación de la Ley de Extranjería.
Tras este refuerzo de personal autonómico, lo que el ejecutivo canario exige al Gobierno español es que «haga exactamente lo mismo» para acelerar esos traslados, ya que Canarias mantiene todos sus sistemas de atención saturados, ha insistido el portavoz.
En el caso de las derivaciones de menores solicitantes de asilo se han producido 182 traslados a la península, 21 en la última semana, pero hay 764 pendientes de derivación y 400 nuevos solicitantes de asilo entre junio y octubre, de manera que hay 1.
164 menores en espera.
En el caso de los menores que no solicitan asilo y tienen que repartirse en otras comunidades autónomas, de los que el ejecutivo canario tutela a 4.
700, se han producido tres derivaciones de las 41 previstas, y otros tres menores que estaban en espera ya han cumplido la mayoría de edad con lo cual «no han sido reconocidos sus derechos», denunció Cabello.
Para reforzar el operativo, la Consejería de Bienestar Social ha incorporado 24 nuevos profesionales contratados dentro del plan de choque destinado a agilizar la tramitación de expedientes migratorios, que se suman a los 39 incorporados en septiembre, hasta un total de 63 contrataciones.
Los recién incorporados son diez trabajadores sociales, diez administrativos y cuatro juristas, distribuidos entre las dos provincia.
Además, la Consejería de Presidencia ha incorporado cuatro personas más a solicitud de la Fiscalía Superior de Canarias para reforzar el personal encargado de los 1.
200 solicitantes de protección internacional aún bajo tutela del Ejecutivo autonómico.
También se han agilizado las pruebas forenses para la estimación de edad en los Institutos de Medicina Legal de Canarias.
Tras estos refuerzos autonómicos, corresponde al Estado reforzar su sistema presupuestaria y operativamente para revertir «la situación de hacinamiento y emergencia» en el archipiélago, ha insistido el portavoz.
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